Exigen justicia para periodista asesinado
SECTORES VULNERABLES Morena, PT, PAN y PRI incumplen con candidaturas para indígenas, afromexicanos, discapacitados y personas de la diversidad sexual
El Sol de Cuernavaca
CUERNAVACA. Periodistas del estado de Morelos se manifestaron este sábado afuera del Palacio de Gobierno, en Cuernavaca, para exigir justicia por Roberto Carlos Figueroa Bustos, comunicador secuestrado y localizado sin vida el pasado viernes en el municipio morelense de Huitzilac.
Tras el asesinato, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a las autoridades la investigación pertinente y localizar a los responsables.
Con mensajes como “No se calla la verdad matando periodistas”, “Ni uno más”, “Justicia para nuestro compañero” y “Basta de impunidad”, los reporteros se concentraron frente al altar de las víctimas de violencia y desapariciones, donde pidieron a los tres niveles de gobierno, Fiscalía General del Estado y Poder Judicial terminar con la inseguridad y la impunidad que prevalece en esa entidad.
“La inseguridad que se vive en el estado nos vulnera en todos los sentidos. Hoy me han arrebatado a mi esposo y a mis hijos les han quitado a su padre. Ver a mis hijos llorar por su papá, saber de los terribles momentos que vivió mi esposo en sus últimas horas han generado una impotencia indescriptible en mi ser. Hace falta un periodista, a mí me hace falta mi esposo y a mis hijos su padre”, fue el mensaje que emitió Esmeralda, la esposa de Roberto Carlos Figueroa, el cual fue replicado por el periodista Jaime Luis Brito.
Roberto Carlos Figueroa era el titular del medio digital Acá en el Show y manejaba un estilo ácido para dar a conocer las noticias del estado de Morelos.
El Gobierno estatal emitió un comunicado en el que confirmó los hechos, también hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado para realizar las investigaciones correspondientes
La Relatoría Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato de Figueroa y mediante su cuenta de X, urgió a las autoridades a investigar, encontrar a los responsables y a evitar impunidad. Con información de Atzayacatl Cabrera
Cuatro partidos políticos no cumplieron con el número mínimo de 63 candidaturas para sectores vulnerables como población indígena, afromexicana, de la diversidad sexual, personas con discapacidad, entre otras, que estableció el Instituto Nacional Electoral (INE) para las elecciones federales del 2 de junio.
Datos del portal del INE “Candidatos y candidatas, conóceles” muestran que Morena, PT, PAN y PRI se quedaron cortos en este tipo de candidaturas, conocidas como acciones afirmativas.
En dicha página web, donde están los perfiles de todos los que compiten en los comicios, hay un rubro para visualizar las candidaturas que dio cada fuerza política mediante acciones afirmativas.
cada partido debió postular al menos a 63 personas de los diferentes grupos vulnerables
El PAN, por ejemplo, suma 54 candidaturas mediante acciones afirmativas. Es decir, nueve menos que las requeridas por el INE y no se distribuyeron según lo establecido en el acuerdo del órgano electoral. El PRI alcanza apenas 48 candidaturas afirmativas y tampoco distribuidas por grupo vulnerable.
El PT también se quedó corto, con 56 postulaciones, al igual que Morena, partido que sólo declaró 53 candidaturas de acciones afirmativas en el portal.
En el caso del PRD sí declaró 63 candidaturas mediante acciones afirmativas. Además, el Partido Verde acumuló 74 postulaciones de este tipo para grupos vulnerables, y Movimiento Ciudadano alcanzó las 178, con lo cual se colocó como el partido con más abanderados de sectores discriminados.
Para el proceso electoral federal 2023-2024, en el acuerdo INE/CG625/ 2023, el instituto estableció que cada partido político debía repartir 63 candidaturas a grupos vulnerables, en ambas cámaras del Congreso de la Unión.
Según el acuerdo, cada partido tuvo la obligación de postular 25 candidatos indígenas por mayoría relativa y nueve por vía plurinominal, para la Cámara de Diputados. Además, para el Senado de la República debían ser cuatro candidatos para mayoría relativa y uno por representación proporcional.
Las personas con discapacidad tendrían cabida en seis candidaturas de mayoría relativa y dos plurinominales para San Lázaro, más una candidatura de representación proporcional al Senado.
En el caso de la población afromexicana, se establecieron tres candidaturas por mayoría relativa y una plurinominal para la Cámara baja y una de mayoría relativa para la Cámara alta.
Asimismo, para las personas de la diversidad sexual serían dos candidaturas por mayoría y una por representación proporcional para la Cámara de Diputados y una de mayoría para el Senado.
También las personas migrantes tendrían derecho a cinco candidaturas plurinominales para San Lázaro y una plurinominal más en el Senado.
En total, cada partido debió postular al menos a 63 personas de los diferentes grupos vulnerables para competir por ocupar curules y escaños en el Congreso.
Las candidaturas para sectores vulnerables de la sociedad, conocidas como acciones afirmativas, son obligaciones de los partidos para postular como candidatos en cargos de elección popular a personas que integran grupos históricamente excluidos o discriminados, como población indígena, afromexicana, de la diversidad sexual, personas con discapacidad, entre otras.
Candidaturas de este tipo han generado inconformidades en los partidos políticos por la falta de militantes o simpatizantes de sectores vulnerables y discriminados.
“Muchos partidos se han quejado de no tener suficientes cuadros con personas con discapacidad o personas migrantes como para poder postular”, explicó Víctor Manuel Díaz de León, investigador del Laboratorio Electoral.
“Las acciones afirmativas no son nuevas (...) por lo menos desde 2017 vienen ya acordadas, o sea los partidos tuvieron al menos los últimos siete años para ir armando los cuadros y que no les llegaran con esta sorpresa”, señaló.
En total,
VÍCTOR MANUEL DÍAZ DE LEÓN INVESTIGADOR “Las acciones afirmativas no son nuevas (...) por lo menos desde 2017 vienen acordadas, o sea que los partidos al menos tuvieron los últimos siete años para irlas armando”