Isabel Arvide
En las cárceles de mujeres no hay autogobierno ni crímenes violentos, según un estudio de la CNDH de 2017, el más reciente al respecto. En cambio, encontramos graves problemas: Insuficiencia de programas de salud, de atención a las detenidas, falta de higiene, deficiente comida, falta de separación entre presas sentenciadas y quiénes esperan la decisión del juez.
Muchas de estas mujeres llevan más de cinco años esperando que la autoridad judicial diga si son o no culpables.
Lo que en sí mismo es una aberración.
En México tenemos, según el censo del 2013, una población carcelaria de 231 mil 113 hombres y 11 mil 641 mujeres. El promedio es muy parecido al existente en 2010.
Aproximadamente el 65 por ciento de las mujeres están recluidas en cárceles mixtas donde sufren todo tipo de abuso. Solamente tenemos 10 cárceles estatales para mujeres y una federal.
En los hechos existe poca información sobre la situación de las mujeres presas en el país. Y menos todavía cuando hablamos de delitos federales. Una organización feminista llamada “Equis” ha lanzado una iniciativa para dotar de amnistía, la que ha anunciado López Obrador, a las mujeres que están en prisión por delitos relacionados con droga.
Que son mayoría en delitos federales: “Contra la Salud”.
Según su dirigente, Ana Pecova, las mujeres son el eslabón más débil en la cadena de delitos, están al final. En mayoría son “burreras”.
Yo le agregaría, en mi experiencia personal, que existen muchísimas mujeres, jóvenes la mayoría, detenidas por su relación personal, amoroso, de pareja, casadas o incluso al ejercer la prostitución con delincuentes que pertenecían al crimen organizado.
Es decir, están presas, esperando sentencia o purgándola por haber estado junto a hombres que sí eran criminales. El 43 por ciento de las mujeres detenidas en prisiones federales lo están por delitos contra la salud.
El precio que pagan es muy alto. Muchas de ellas por falta de orientación familiar, porque nuestra cultura ha privilegiado la actividad criminal y la ha revestido de un aura de romanticismo, ni siquiera se dieron cuenta de la gravedad de ser “pareja” de estos delincuentes.
La señora Pecova dice, con toda razón, que uno de los problemas graves es que las autoridades no cuentan con información sobre las mujeres presas, no saben cuántas, por ejemplo, son indígenas o cuántas son analfabetas. Lo que, obviamente, tendría que ser un atenuante grande en sus condenas.
Más del 50 por ciento de la población carcelaria del país no ha sido sentenciada. En el caso de las mujeres esto es todavía más grave, sus familias las abandonan, sus maridos o compañeros también, no cuentan con recursos para pagar abogados. Sufren una doble discriminación en las cárceles.
De ahí que haya que coincidir con Ana Pecova y con todas las organizaciones feministas que piden que haya amnistía para las mujeres encarceladas por delitos como el aborto, el narcomenudeo. Que sus casos tengan un enfoque de género, donde, lo sabemos, son víctimas.