Comparecencia de JMCL no debe prestarse a golpeteo político
Las diputadas y los diputados del Congreso del Estado han quedado de acuerdo en que la comparecencia del gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, no es para denostar, sino para informar a la ciudadanía.
Así lo informó el titular de la Subsecretaría de Enlace Interinstitucional, Juan Ramón Nieto Navarro, quien añadió que este deberá ser un ejercicio enmarcado en un clima de respeto entre poderes, no de golpeteo político, ni de satisfacción personal.
El funcionario estatal reveló el formato aprobado para la ampliación de la información contenida en el Tercer Informe de Gobierno acerca del tema de seguridad pública, “es uno en el que Carreras podrá realizar una exposición de 15 minutos, al concluir cada legislador tendrá hasta cuatro para formular sus planteamientos y expresar sus inquietudes; entonces el Gobernador tendrá hasta 5 minutos para dar respuesta a cada uno de ellos”.
Indicó que se les hizo una propuesta inicial para realizar cuestionamientos o planteamientos por fracción parlamentaria, “pero no accedieron, les pareció ofensivo, ellos argumentaron que se trata de informar a la gente”.
Fue entonces, explicó, que se les pidió a los diputados que la comparecencia no debe ser un ejercicio de confrontación o de satisfacción personal “ellas y ellos han dicho que será con todo respeto, que no se trata de denostar sino de informar a la ciudadanía hasta donde sea posible en el tema de seguridad”.
El titular de la Subsecretaría de Enlace Interinstitucional dio a conocer que, para mejorar la dinámica de la comparecencia, ofrecieron recibir un formulario una o dos horas antes para preparar la información y estuviese más completa, “eso también, nos dijeron, les parecía ofensivo”.
Finalmente, Nieto Navarro detalló que la comparecencia del próximo martes será a las 10 de la mañana en el recinto legislativo, no descartó que el mandatario pueda ir acompañado de los integrantes del Gabinete de Seguridad, a excepción del titular de la Fiscalía General del Estado, quien, por Ley, está impedido a ventilar los avances de las investigaciones.