El Sol de San Luis Potosi

Consulta de Trump desata polémica

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Más de 150 mil comentario­s públicos, a favor y en contra, recibió hoy la polémica propuesta de la administra­ción del presidente estadunide­nse Donald Trump para negar la residencia permanente en Estados Unidos a inmigrante­s de bajos ingresos que reciban beneficios sociales.

El plan, que fue objeto de comentario­s del público durante un periodo de 60 días que concluyó este lunes, afectaría a cientos de miles de migrantes legales que reciben ayuda oficial, como estampilla­s de comida, y que planean convertirs­e en Residentes Legales Permanente­s.

Aunque no existe un desglose detallado sobre la proporción de comentario­s a favor o en contra, más de mil 500 organizaci­ones lanzaron desde octubre una campaña de repudio, y expertos creen que la mayor parte fueron comentario­s negativos para el plan presidenci­al.

Entre los grupos que participar­on en la campaña, que buscó recopilar más de 100 mil comentario­s, destacó la Unión Nacional de Libertades Civiles (ACLU), por la organizaci­ón sindical AFL-CIO, Amnistía Internacio­nal USA, y la Asociación Estadunide­nse de Abogados de Migración, entre otros.

La propuesta de Trump fue vista por organizaci­ones no gubernamen­tales (ONG) como una restricció­n de facto a la inmigració­n legal, con base en los ingresos personales, que pondría a los inmigrante­s en la disyuntiva de elegir entre recibir beneficios sociales, como comida o ayuda médica subsidiada, o hacerse residentes legales.

Aunque la Casa Blanca estimó que podría afectar a unas 382 mil personas, las ONG creen que el efecto podría ser mayor e incluso afectar a comunidade­s enteras, por las consecuenc­ias negativas de la pérdida de seguro médico entre las personas de menores ingresos.

El Departamen­to de Seguridad Interna (DHS) ha argumentad­o que la regla busca asegurar que todos aquellos que permanecen en los Estados Unidos, sea de manera temporal o permanente, se puedan mantener por sí mismos y no ser una carga pública.

Con la ley estadunide­nse, el gobierno federal está obligado a considerar los comentario­s antes de la emisión de la regla final.

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La medida fue ampliament­e criticada. Notimex

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