Mauricio Rubén Ramírez
La escasez de combustible en México está presionando a las empresas y los empresarios, a su vez, las del Gobierno. Tras más de una semana de caos de suministro en al menos siete Estados del centro del país, las principales patronales mexicanas han escalado las críticas hacia el plan contra el robo de combustible de López Obrador. Representantes empresariales han advertido del impacto económico millonario de las medidas y reclamado la pronta reapertura de las tuberías, cerradas para taponar y evitar más ordeñas clandestinas.
Sin cuestionar la necesidad del combate contra el mercado ilegal de combustibles, los dirigentes patronales han pedido un giro en una estrategia que consideran deficiente.
La planeación ha adolecido de graves errores y una implementación dañina para la población y para las empresas.
A las advertencias de los empresarios sobre el costo de la escasez se ha añadido la del gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. “El traslado de bienes y productos puede estar resintiendo estas afectaciones en el suministro, y qué tan sostenida sea esta afectación puede tener un reflejo en la actividad económica y en la inflación.
La escasez de gasolinas en México representa la primera gran crisis que debe enfrentar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuya pérdida neta ascenderá a casi 24 mil millones de pesos del Producto Interno Bruto (PIB), estimó el banco CitiBanamex.
Suponiendo que las condiciones de suministro de combustibles regresan a la normalidad en los siguientes días, estiman una pérdida mayúscula en el PIB, atribuida a la escasez de gasolinas.
Estos recursos cubren casi el presupuesto público aprobado del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), por 24 mil 765 millones de pesos para este año, y supera los recursos asignados a la Secretaría de Hacienda, por 22 mil 576 millones para 2019.
Añade que el sector comercio solo puede aguantar unos días más antes de que la subida de los precios y la poca presencia de los productos en los anaqueles comenzarán a notarse.
Dada la complejidad y el costo de proteger miles de kilómetros de gasoductos, algunos analistas consideran que López Obrador tendría que dar marcha atrás antes de que el robo pueda controlarse plenamente, mientras que él asegura que sólo abrirá los ductos cuando estén seguros.