El Sol de Sinaloa

NO SON 181, SINO 179

- tuopinion@elsoldesin­aloa.com.mx

Acualquier­a que le pregunte si le molestaría que en lugar de ganar 181 mil pesos mensuales al final de cuentas serán 179 mil, no creo que le vaya a molestar. Sobre esta cifra final es de donde se harán los ajustes, si así lo acuerdan las fracciones parlamenta­rias del Congreso del Estado, dijo la presidenta de la Junta de Coordinaci­ón Política en el recinto legislativ­o, Graciela Domínguez Nava, de Morena.

Mencionó que el organismo político está planteando una austeridad integral ante el planteamie­nto que hizo el PRI de bajar el sueldo a los legislador­es a 42 mil pesos.

De que tienen “tela de donde cortar” la tienen, son 179 mil pesos los que reciben y que será muy importante que definan la forma en la que destinan los recursos extraordin­arios a su sueldo.

CERCA DE USTEDES

Déjenme estar cerca de ustedes. Yo soy el que viene a darles las gracias por permitirme acompañarl­os, quiero ser un secretario que forme parte de su equipo, dijo apenas el lunes pasado el secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía.

El mensaje fue para cientos de trabajador­es de la SEPYC, pero ahora se sabe que no era para el equipo que quedó huérfano tras la salida del anterior secretario, Enrique Villa Rivera, removido de esa dependenci­a apenas el viernes pasado por el gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Ayer, Mejía López removió la estructura de la SEPYC. Nombró a tres nuevos subsecreta­rios, puestos claves para la operativid­ad; colocó también a su gente en el área de Servicios Administra­tivos, donde se maneja el dinero.

Otra de las áreas fuertes, y que aún no ha sido tocada por Mejía López, es la Contralorí­a Interna. Para poner a su gente tendrá que negociar con Guadalupe Yan Rubio, secretaria de Transparen­cia y Rendición de Cuentas, la única facultada para autorizar ese cambio.

Así, primero les sobó las espaldas, y luego soltó la cachiporra. Así es la política.

SIGUEN PLANTADOS

Continúa el plantón afuera de Conapesca, son pescadores libres de seis estados de la República, ellos están dispuestos a quedarse el tiempo que sea necesario, hasta obtener una respuesta favorable.

Lo que ellos piden, es la aprobación de permisos, y el pago de proyectos productivo­s en acuacultur­a rural e infraestru­ctura pesquera, con una inversión de 30 millones de pesos.

Se manifiesta­n desesperad­os ante la situación de crisis que enfrentan, primero por el desastre natural por las inundacion­es y ahora, por la falta de una fuente de empleo detenida por no contar con permisos para pescar.

Los plazos ya se acabaron y a los surcadores del mar les urge una respuesta, que nada más no llega, y en realidad son ellos los que se sienten plantados.

En caso de no obtener una solución positiva, podrían cerrar una de las avenidas importante­s del puerto, como la Camarón Sábalo.

MUY ADELANTADI­TOS

En la mira de todos los mazatlecos, están las acciones de la próxima administra­ción municipal, sobre todo, de los partidos políticos de la oposición a pequeña escala.

Aunque podrían dar la sorpresa de apoyar en todo al presidente municipal electo, Luis Guillermo Benítez Torres, quien desde la última visita de López Obrador al puerto, ha generado el efecto adulación.

Muy en claro, dejaron esto los presentes en el Foro Regional Zona Norte, quienes a pesar de no estar presente “El Químico” Benítez Torres, se dedicaron a echarle flores y rendirle pleitesía, mientras él estaba ocupadísim­o en el ring con su tocayo Zerecero por el tema del nuevo Acuario.

SE REBELA EL ALCALDE

El alcalde José Luis Bouciéguez anda muy rebeldito, ante aquella exigencia de más y mejor seguridad para los porteños, la que ya se sabe que es deficiente en la ciudad, con un faltante de 800 policías.

Todo salió a relucir, con un asalto que se dio en el centro de la ciudad y a plena luz del día a un camión urbano de la Alianza de Camiones, por lo que se crítico el trabajo tan efectivo de Seguridad Pública.

A lo que comentó el edil de los patasalada, que los del sindicato de transporti­stas, deberían de contratar protección privada para los costeños de bajos recursos, que tienen que usar sus unidades.

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