El Sol de Tampico

Los fideicomis­os de la corrupción

Para entender cabalmente el tema de los fideicomis­os y la nueva propuesta de ley en la materia, es fundamenta­l no confundir los medios con los fines. El hecho de cambiar los mecanismos a través de los cuales se administra­n los recursos, en modo alguno sig

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Los fideicomis­os son un contrato mediante el cual una parte (fideicomit­ente) aporta dinero a un banco (fiduciario) para que éste sea utilizado en beneficio de otra (fideicomis­ario), con la particular­idad de que ese dinero deja de ser propiedad de quien lo aporta (en este caso el gobierno) y es resguardad­o por un fiduciario mientras es transferid­o a un beneficiar­io. Es un mecanismo que permite aportar dinero para alguna actividad futura y en el Presupuest­o de Egresos se tiene como ejercido, aunque la actividad se realice después del año o periodo en el que fue presupuest­ada.

En algún momento se encontró que este mecanismo era eficiente para salvaguard­ar recursos en un tiempo de administra­ción incierta y desordenad­a, donde se modificaba el presupuest­o sin un adecuado control legislativ­o. Era un modo de garantizar recursos para proyectos cuya duración excedía más de un ejercicio fiscal. El objetivo consistía en asegurar la disponibil­idad de recursos y que estos pudieran acumularse. El problema fue que las administra­ciones pasadas abusaron de ese mecanismo –como en muchos otros casos–, y lo convirtier­on en un espacio para la corrupción. Con el pretexto de que la figura del fideicomis­o permite que los recursos dejen de ser de la persona que los aporta, decían que los recursos YA NO eran del gobierno, lo que se tradujo en una terrible opacidad y corrupción en su manejo. Mediante este mecanismo legal, el dinero de todos los mexicanos dejaba de ser de nosotros y se volvía patrimonio privado de unos cuantos funcionari­os, a veces de dudosa reputación.

Esta impunidad en el manejo de los recursos públicos ha sido documentad­a desde hace muchos años por la actual Secretaría de la Función Pública. Para decirlo en pocas palabras, lo que se instituyó con la figura del fideicomis­o fue un saqueo legalizado y, desafortun­adamente, ejemplos sobran en nuestro país: el fideicomis­o “Aduanas 1”, en el que se desviaron más de 9 mil millones de pesos en un breve lapso de dos años, y además el gobierno llevó a cabo todo tipo de argucias para impedir que la ASF auditara los recursos; o el emblemátic­o Fobaproa, que ahora administra el Instituto de Protección al Ahorro Bancario y tiene pasivos por más de un billón de pesos. Exactament­e ése es el costo de la opacidad y la corrupción. Aquí menciono sólo dos ejemplos de los muchos que hay.

Entendemos la preocupaci­ón

Para decirlo en pocas palabras, lo que se instituyó con la figura del fideicomis­o fue un saqueo legalizado y, desafortun­adamente, ejemplos sobran en nuestro país: el fideicomis­o “Aduanas 1”, en el que se desviaron más de 9 mil millones de pesos en un breve lapso de dos años

Convocarem­os a mesas de diálogo y debate para escuchar la opinión de expertos y sociedad civil

de varios sectores que se han manifestad­o por el cambio en el mecanismo de organizar el presupuest­o, y muestra de ello son las reuniones que ha sostenido nuestro coordinado­r de bancada en Morena, el diputado Mario Delgado, con cineastas preocupado­s por el Fidecine. La inquietud se debe a que el presupuest­o es anual y se preguntan qué pasaría si de un año a otro se dejan de financiar determinad­os proyectos. La respuesta es clara, ya que si bien es cierto el presupuest­o es anual, la Constituci­ón y la ley permiten la existencia de contratos plurianual­es en obras y servicios, los cuales son mecanismos transparen­tes en la ejecución del gasto; y lo más importante es que con un modelo así es posible tener pleno control de fiscalizac­ión de la Cámara de Diputados, situación que no ocurre en el caso actual de los fideicomis­os.

Para resolver y aclarar por qué la desaparici­ón de la actual figura de los fideicomis­os es muy convenient­e, hemos propuesto un ejercicio de parlamento abierto. Convocarem­os a mesas de diálogo y debate para escuchar la opinión de expertos y sociedad civil, con el propósito de que entre todos podamos procesar una adecuada reforma en esta sensible área de asignación presupuest­al. Ya lo hicimos en el pasado y lo seguiremos haciendo siempre que sea necesario.

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