El poder ciudadano
Quienes como ciudadanos vivimos y como periodistas reportamos durante muchos años, sabemos y yo doy fe de que los procesos electorales mexicanos tuvieron un punto de inflexión con la creación de lo que hoy es el Instituto Nacional Electoral (INE), con el original nombre de Instituto Federal Electoral (IFE), a partir de 1990, luego de la cuestionadas elecciones presidenciales de 1988, organizadas por la Comisión Federal Electoral (CFE), presidida por Manuel Bartlett Díaz, secretario de Gobernación del entones del gobierno priista de Miguel de la Madrid, y hoy uno de los funcionarios favoritos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El IFE fue y el INE es hoy el responsable de organizar las elecciones en México, ha sido también, le pese a quien le pese, un árbitro imparcial en los procesos electorales, y un valladar contra la corrupción de la voluntad popular. Una institución ciudadana: son los cientos de miles de ciudadanos, por insaculación, quienes hacen las elecciones. Así. El INE es el poder de los ciudadanos.
Pretender reducirlo o debilitarlo, anularlo o desaparecerlo o sujetarlo sería un nítido intento de regresar al país del pasado en donde el Presidente de la República, a través de su partido y sus autoridades electorales, decidían quién triunfaba en las elecciones, como ocurrió escandalosamente en 1988 y dos años antes en Chihuahua, cuando el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, recurrió hasta El Vaticano para impedir que los obispos y curas de aquel estado suspendieran las misas dominicales en apoyo a sus fieles defraudados electoralmente.
Acusar al INE de haber realizado o solapado fraudes electorales es, como dicen los viejos del pueblo, escupir al cielo. La lógica más simple deducirá que el actual Presidente de la República y su gobierno llegaron al poder... mediante un fraude electoral avalado, si no es que instrumentado, por el INE.
Ante la afirmación de que la "avalancha" de votantes por López Obrador no pudo ser "detenida" por el INE en el 2018, hay que recordar que esa "avalancha" de votos que representó poco más del 50 por ciento de la votación emitida, pero fue apenas el 30 por ciento del total del padrón electoral, un tercio de los mexicanos que deberían de votar ese año. Y, por simple lógica, se deduce que en el 2006 y en el 2012 no hubo tal "avalancha" de votos que "impidiera" que la autoridad electoral cometiera "fraude". Es decir, que no hubo fraude.
Que el IFE/INE no sea perfecto, que (se quejan) cuesta muy caro al país (mucho menos que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad), no deben ser pretextos para atentar contra una de las institucionales más creíbles y dignas (hasta los bancos exigen su credencial para hacer cualquier trámite) construidas por los mexicanos en más de 100 años, sin exagerar.
Que el presidente López Obrador haya anunciado que será "guardián" de los ciudadanos ante el INE para evitar, según él, un fraude en las elecciones federales del 2021 es proclamar la intención de convertirse en un dictador cualquiera, como los que ha sufrido América Latina o, en el más benevolente de los casos, en un presidente de la peor calaña priista.
Con todo respeto, como decía el hoy presidente, la ley le impide intervenir en los procesos electorales más allá de la emisión de su voto en la casilla correspondiente y el respeto a la voluntad popular, aunque no le favorezca como le ocurrió en su momento a sus adversarios.