Indagan a un Juzgado de Edomex por corrupción
Funcionarios podrían ser suspendidos por vicios jurídicos en proceso que se sigue a “El Mochomo”
CDMX. Funcionarios del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México, que en las próximas horas podrían ser suspendidos, son investigados por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ante “posibles actos de corrupción y vicios jurídicos” en el proceso que se sigue a José Ángel N, El Mochomo, quien es acusado de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Información surgida desde la Fiscalía General de la República (FGR) refiere que hay pruebas de que personas cercanas a El Mochomo, quien está arraigado por presunta delincuencia organizada, ofrecieron varios millones de pesos a personal del juzgado federal para favorecerlo y dejarlo en libertad.
“La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), dependiente de la FGR, tiene autorizadas por un juez competente, intervenciones que señalan el cohecho por varios millones de pesos realizado por diversos individuos cercanos al imputado, a personal del juzgado referido, para que decretara la libertad de dicha persona; motivo por el cual, junto con otras razones legales, se obtuvo el arraigo de Ángel”, se explicó.
Lo anterior por el auto de libertad dictado por la jueza María del Socorro Castillo, la madrugada del miércoles, a José Ángel N, quien es relacionado por las investigaciones de la FGR con la agrupación criminal de los Guerreros Unidos y con la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa en 2014.
Las indagatorias emprendidas por el CJF y anunciadas por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, ini
ciaron, según fuentes judiciales, “en coincidencia” con la denuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que por “actos de corrupción” se había ordenado la liberación del criminal El Mochomo.
Destacaron que la tarde del miércoles la FGR informó al Consejo sobre la “delicada situación que se vive en el Juzgado” (Segundo de Distrito de Procesos Pe
nales Federales del Estado de México), involucrando a funcionarios de segundo nivel del mismo como el secretario Marco Aurelio González pero, en su momento, dejando fuera a la jueza Castillo Sánchez.
La juzgadora decretó la libertad de El Mochomo al considerar que el Ministerio Público de la Federación no aportó pruebas suficientes y convincentes para iniciarle proceso penal por delincuencia organizada dentro del antiguo sistema de justicia penal.
La orden de captura que ejecutó la FGR la semana pasada se relaciona con hechos de 2014 y se relacionan con el surgimiento de la agrupación criminal de los “Guerreros Unidos” pero no con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Ayer, Arturo Zaldívar, presidente del CJF, intervino y externó en su cuenta de Twitter que apoyará siempre a la inmensa mayoría de las y los servidores públicos que son honestos y trabajan por el país sin embargo, dijo, cualquier sospecha de corrupción será señalada.
“No será tolerada ninguna desviación que se aleje de la justicia, ni cualquier acto de corrupción que incida en las sentencias de la justicia federal. El CJF siempre ha velado y respaldado la autonomía e independencia de sus juzgadoras y juzgadores en sus resoluciones, pero toda decisión debe estar fundada siempre en el derecho y con estricto apego a la ley”, se expuso mediante un comunicado de prensa.
Casi dos horas antes, en su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador manifestó que la libertad del Mochomo “tuvo que ver con un acto de corrupción del juzgado donde se le otorgó la libertad”. Ante ello confió en que la FGR presente todas las pruebas y que “si una prueba se da a conocer que tenga que ver con la corrupción y por el debido proceso esa prueba sea nulificada, no le hace, pero que se conozca, (porque) van a haber seguramente otras pruebas”.
LIBERACIONES NOCTURNAS
La madrugada del 9 de agosto de 2013, un tribunal federal en Jalisco ordenó la libertad inmediata de Rafael Caro Quintero en el caso del asesinato del agente de la Drug Enforcement Administration (DEA) Enrique Camarena Salazar, argumentando que la víctima no ostentaba ningún cargo diplomático, por lo que se ordenó la inmediata libertad del capo.
Semanas más tarde, la Suprema Corte revertiría el fallo pero con Caro Quintero ya prófugo.
Otro caso similar ocurrió la madrugada del 8 de febrero de 2020, una juez federal determinó no vincular a proceso al presunto líder de La Unión Tepito, Óscar Andrés N, alias el Lunares y dos de sus cómplices, detenidos en enero, y ordenó su libertad inmediata del penal de máxima seguridad del Altiplano. Horas más tarde fue reaprehendido y vinculado a proceso.
La noche del 24 de octubre de 2019, el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna ordenó la liberación inmediata de 27 personas que fueron detenidas en un operativo en Tepito realizado dos días antes, por su presunta participación en el grupo criminal La Unión Tepito.
El 12 de junio de 2018, un juez ordenó la libertad por falta de pruebas y bajo reservas de ley de cuatro implicados en el caso Ayotzinapa, entre ellos Marco N.