Salvador del Río
Con caballerosidad y urbanidad política el Frente Amplio en Defensa de la Constitución, a la cabeza del cual aparece el aún diputado Porfirio Muñoz Ledo anuncia el aplazamiento de la difusión de sus observaciones críticas para pasadas las elecciones del 6 de junio próximo.
En el fragor preelectoral, como en un combate boxístico, el grupo integrado por intelectuales, académicos, analistas y constitucionalistas, se anota un punto a favor en lo que sería el primer episodio de la batalla.
Tiempo suficiente para estudiar los movimientos del contrario y trazar el plan de la contienda en los rounds venideros. El Frente tiene la evidente finalidad de salir en defensa de la Constitución y sus principios democráticos, así como de la participación de la sociedad civil a través de los organismos y las instancias no gubernamentales que desde su establecimiento vigilan y moderan las acciones del poder.
Se suman ya al Frente Amplio en Defensa de la Constitución personalidades como Ifigenia Martínez y el propio ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas quien, como se sabe, ha puesto como condición para su participación los límites de temas específicos –la recuperación de la economía, la inseguridad y otros— que le parece deben ser corregidos en la presente administración. La ética y la moral en la conducción de los tiempos del Foro obedecen a la decisión de no mezclar la crítica que será su esencia con la política en los días previos a la jornada comicial. Esa actitud contrasta con la mantenida por el propio presidente de la República y algunos funcionarios y gobernadores de Morena que a diario recurren a la violación de las disposiciones constitucionales y trabajan abiertamente en favor de sus candidatos, no sólo en el ámbito de la renovación del Congreso Federal, sino en los estados donde habrá cambio de gobierno. Aun a riesgo de ser sancionado por las autoridades electorales, el jefe del Ejecutivo emplea tiempos oficiales y sus tribunas para opinar, atacar y descalificar a los aspirantes a cargos de elección popular de partidos contrarios. De la expresión verbal, que en sí es un delito, el gobierno de la República acude a los instrumentos que le dan un poder metaconstitucional para eliminar por la vía penal a los oponentes, como es el reciente caso de los dos candidatos más adelantados al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza, de la alianza PAN-PRI-PRD y Samuel García, de Movimiento Ciudadano, a quienes se acusa de delitos electorales que los llevarían no sólo a la eliminación de la contienda, sino a la cárcel.
Pasadas las elecciones y cualesquiera que sean los resultados de la contienda, el Frente Amplio en Defensa de la Constitución se constituirá en un contrapeso crítico del gobierno de López Obrador y en defensor de las instituciones y organismos que con grandes esfuerzos la sociedad ha construido. La naturaleza misma de los integrantes del Frente, sus trayectorias, sus luchas dentro de las diversas corrientes de la izquierda mexicana no permitirán a López Obrador afirmar que se trata de conservadores, neoliberales, enemigos personales, prensa fifí o intereses del pasado.