La tibia y conveniente cruzada de la Auditoría Superior de la Federación
La Auditoría
David Colmenares,
Superior de la Federación, de mantiene viva la cruzada de denunciar a los participantes del considerado mayor acto de corrupción del gobierno de la mientras se acumula en la oficina de la Unidad de Asuntos Jurídicos una gran pila de expedientes de la presente administración que, a pesar de contar con los elementos necesarios para procesar penalmente a funcionarios están muy lejos de llegar a las manos del Ministerio Público.
Nieto:
DEnrique Peña e acuerdo con las propias estadísticas de la ASF, las únicas denuncias que se han presentado en 2022 sobre irregularidades en el manejo de recursos públicos se refieren precisamente a ese esquema de contratación de las universidades públicas, para que éstas a su vez subcontrataran y transfirieran los capitales a empresas fachada. Son tres las querellas que se presentaron entre el 23 y 30 de marzo pasados, en las que se señalan irregularidades por más de 110 millones de pesos en convenios de la Sedatu con la Universidad Politécnica del Centro en Tabasco y el Instituto Tecnológico Superior de Misantla, en Veracruz.
Las mencionadas denuncias se desprenden de las Auditorías DN18006 y 209DS, correspondientes a los ejercicios presupuestales del periodo 20152018; es decir, durante la gestión de la hoy detenida Rosario Robles en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Se confirma entonces que, a tres años de convivir con la administración de Andrés Manuel López Obrador, el equipo que comanda Colmenares Páramo prefiere no tocar a los nuevos funcionarios, a pesar de que los tiempos legales lo obligan a denunciar las irregularidades encontradas por lo menos en la Cuenta Pública 2019.
Según la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, el período para que los funcionarios, señalados por irregularidades en la Cuenta Pública 2019, solventen sus respectivos temas ante el órgano fiscalizador concluyeron a finales del año pasado, por lo que ya deberían haber denuncias ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, de María de la Luz Mijangos, a menos que el primer año de gestión de la administración morenista haya sido tan transparente que no existan delitos que perseguir, algo que se antoja imposible según la propia Secretaría de la Función Pública de Roberto Salcedo.
Adicionalmente, han llegado hasta la propia FECC una decena de denuncias ciudadanas, cuyo sustento son los propios Informes que la ASF ha hecho públicos en su página de internet.
El denunciante es quien se desempeñó hasta hace unos meses como Auditor Especial de Cumplimiento Financiero, Gerardo Lozano Dubernard, el mismo que renunció a su puesto en noviembre de 2021, inconforme por las modificaciones que realizó al Reglamento Interno de la ASF el círculo cercano a Colmenares, con miras a reservar a la Auditoría Especial de Seguimiento la facultad de denunciar posibles daños al erario.
Se recuerda que, en una carta enviada a los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados, el exauditor alertó sobre los candados que se impusieron a sus auditores para presentar denuncias penales, y sobre el poder que se otorgó a Nemesio Ibáñez Aguirre, Auditor Especial de Seguimiento, para ser el único con capacidad para decidir los asuntos que se llevarían ante el Ministerio Público. Fuera de la ASF, Lozano Dubernard ha convertido en denuncias sus propias investigaciones sobre el robo de medicamentos oncológicos en el Hospital Infantil Federico Gómez y también sobre irregularidades en Segalmex.