Jueces amedrentados
En junio de 2020, el juez Uriel Villegas Ortiz y su esposa Verónica Barajas fueron ultimados en Colima. 20 impactos de bala apagaron sus vidas. Para Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se trató de un crimen de Estado. Villegas Ortiz, hombre recto e íntegro, atendió casos penales relacionados al narcotráfico y la delincuencia organizada.
A finales de febrero, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, Arturo Nahle García, reveló que al menos diez jueces de esta entidad han sido amenazados. A nivel nacional de 2001 a 2020, se tiene el registro de cinco jueces y magistrados asesinados. Otro dato, en 2016, sólo 74 de los mil 391 jueces contaban con medidas de seguridad como vehículos blindados y escoltas y en 2019 el Consejo de la Judicatura Federal reveló que 303 jueces y magistrados solicitaron protección.
En este escenario, el presupuesto nacional para la protección de jueces y magistrados para quienes su vida corre peligro es insuficiente, solo se destinan 844 millones de pesos. Aunado a la fragilidad en la que se encuentran las instituciones, tenemos otro serio problema: 99% de los delitos quedan en la impunidad según la organización Impunidad Cero.
“Las deficiencias que impiden la efectividad de los sistemas de justicia en su lucha contra delitos de alta complejidad obedecen a causas interrelacionadas”, argumenta Edgardo Buscaglia. Debemos detectar y actuar para corregir las fisuras y la evidente vulnerabilidad del Poder Judicial Federal y en los estados.
“No hay día en que un juez o una jueza no dicte una sentencia condenatoria, viéndole los ojos a criminales altamente peligrosos, de los diferentes grupos delincuenciales. Actualmente los jueces y las juezas no sólo se exponen, también a sus familias. El trabajo que ellos tienen es de una alta responsabilidad, pero también de una alta exposición”, expresó el jurista Arturo Nahle.
Camuflado en la oscuridad, el crimen organizado opera a través de abominables y sórdidas formas para lograr sus objetivos. La extorsión, la amenaza, el secuestro y la muerte corrompen y penetran el tejido social para imponer su voluntad y así vivir al amparo de la impunidad, erosionar el Estado de derecho y, consecuentemente, deteriorar la impartición de la justicia.
Cuando la violencia demencial inclina la balanza de la justicia hacia los delincuentes y los criminales para amagar y amedrentar al sistema de justicia, las víctimas, sus familias y la sociedad viven imposibilitados en obtener certeza legal y, mucho menos, acceder a la justicia.