Aprueban Ley que protege a periodistas
Crearán un instituto que atenderá las agresiones y amenazas a comunicadores
CULIACÁN. El Pleno del Congreso del Estado de Sinaloa aprobó ayer la Ley de Protección de Periodistas y de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos en la que se propone crear un instituto para resguardar a comunicadores y activistas.
El dictamen aprobado con 37 votos a favor y ninguno en contra fue resultado de tres iniciativas: la primera presentada en 2021 por la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio y diversos promoventes; la segunda iniciativa fue promovida por el Partido Sinaloense, y la última la propuso el actual coordinador del grupo parlamentario del PRI, Ricardo Madrid. Además, el grupo parlamentario de Morena hizo suya la iniciativa presentada por los periodistas.
En las propuestas hay una coincidencia donde se advierte que en el gremio periodístico priva un sentimiento de desamparo y desconfianza, además de que en los diversos medios de comunicación se carece de medidas de protección para sus trabajadores, por lo que es necesario diseñar protocolos a seguir.
El objetivo del dictamen aprobado es proteger a las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas en el estado de Sinaloa, así como garantizar el goce de condiciones adecuadas para el desempeño de su trabajo.
Además, toda agresión o amenaza a los periodistas, comunicadores y personas defensoras de derechos humanos será atendida e investigada de manera inmediata y oficiosa por las autoridades correspondientes.
El Instituto para Proteger a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos será el responsable de prevenir, atender y proteger a periodistas y personas defensores de derechos humanos; será un organismo autónomo del estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica, presupuestal y de gestión.
Dentro de las medidas se contempla la aplicación de seis meses a cuatro años de prisión y de 200 a 300 días de multa (UMA) a quien use violencia, evite ejercer la actividad periodística o de personas defensoras de derechos humanos, obstaculice, impida o reprima la libertad de expresión o la actividad realizada por personas defensoras de derechos humanos.
Y cuando un servidor público en el ejercicio de sus funciones incumpla esa ley, la pena aumentará hasta el doble.