Califican de ilegal el paro de labores
Es evidente que existe un desapego a la normativa que regula el derecho de huelga
El paro de actividades por parte de los docentes de la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) es tipificado como ilegal y sin ningún fundamento por parte del responsable jurídico de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) y abogados laborales.
El funcionario estatal José Antonio Leal, señaló que la suspensión de clases decretada unilateralmente por la dirigencia del SNTE no tiene fundamentos, desde un inicio ni siquiera se presentó un pliego petitorio, ni se ha recurrido a las instancias laborales, a pesar de lo cual el Gobierno del Estado ha dado respuesta puntual a los docentes. Añadió que, en el caso de Tamaulipas, es evidente que existe un desapego a la normativa que regula el derecho de huelga, su dirigente es negligente e irresponsable al llamar a sus agremiados a violentar la ley con una suspensión de labores notoriamente irregular.
Detalló que si la prioridad fueran los derechos laborales, se hubieran seguido los cauces legales para restituir a los trabajadores en las garantías supuestamente afectadas, es evidente que las pretensiones del líder magisterial son de índole política, utilizando su posición de secretario general. Detalló como negligente e irresponsable en el actuar para los intereses personales que persigue el cual ponen en riesgo la estabilidad laboral de miles de maestros.
Por su parte, Dayane Vázquez González, abogada laboral, manifestó que, en el caso de la Sección 30 del SNTE, nunca hubo un planteamiento formal, ni se enteró a la Secretaría de Educación, solo se procedió a la toma de las instalaciones y al cierre de planteles, una situación fuera de la ley y que pone de manifiesto las claras intenciones del dirigente sindical y de los intereses políticos que rodean al movimiento.
Ambos abogados lamentaron que el paro del dirigente le está haciendo un gran daño a los niños. También a los maestros que no están de acuerdo con su movimiento; la toma de las oficinas perjudica a los profesores porque no pueden tramitar sus prejubilaciones, y trastoca los derechos de la salud por la obstrucción del Hospital Infantil.
Solo se procedió a la toma de las instalaciones y al cierre de planteles, una situación fuera de la ley