El Salvador, entre libertad y la seguridad
SAN SALVADOR. Hace dos años, el presidente Nayib Bukele le declaró la “guerra” a las maras en El Salvador tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana. Ahora proclama que su país es el “más seguro” del continente gracias a la ofensiva iniciada a finales de marzo de 2022 al amparo de un régimen de excepción, pero sus críticos afirman que el precio ha sido alto.
Con el grito de “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, cientos de personas siguen reclamando por la inocencia de sus familiares y denunciando su detención arbitraria. La cruzada de Bukele acabó con el dominio que las maras ejercían sobre 80 por ciento del territorio nacional, según el gobiern, pero el régimen suspendió las garantías constitucionales, como el derecho a la defensa de los detenidos, y ha dejado en dos años más de 78 mil 100 detenciones, más de 200 muertes en custodia y miles de denuncias de violaciones a derechos humanos.
Más de 3 mil 780 casos de personas con derechos humanos vulnerados durante la implementación del régimen de excepción, registra la organización no gubernamental Cristosal.
De acuerdo con Cristosal, cuyos registros van desde el 27 de marzo de 2022 al 27 de marzo de 2024, en dos años ha recibido 3 mil 643 casos de denuncias de violaciones a derechos humanos, con 3 mil 789 víctimas “directas”.
El 96.76 por ciento de las denuncias son por detención arbitraria, 25.7 por ciento por allanamientos ilegal de morada y 9.9 por ciento por malos tratos, según los datos. La mayoría de personas afectadas, de acuerdo con Cristosal, son jóvenes de entre 18 y 30 años, con 57.4 por ciento de los casos, principalmente hombres; le siguen las personas de entre 31 y 41 años con 24.9 por ciento y las de 42 años o más con 12.8 por ciento del total.
También se registran 62 casos de personas de la comunidad LGBTQ+ afectadas y los victimarios son en su mayoría son agentes de la Policía Nacional Civil, indica la organización.
“Se ha generado la ilusión errónea de que el presidente Bukele ha encontrado la fórmula mágica para resolver problemas muy complejos”, asegura Amnistía Internacional, que afirma que el presidente obliga “a la población a elegir entre seguridad y libertad”.