A 80 años de expropiación: 18 de marzo

de 1938, 20 horas: El presidente de la República Mexicana, general Lázaro Cárdenas, informa a su gabinete que aplicará la Ley de Expropiación a los bienes muebles e inmuebles propiedad de 16 empresas petroleras. 22 horas: Comunica por mensaje radiofónico su decreto expropiatorio “por causa de utilidad pública y a favor de la Nación”.

La problemática que enfrenta México es severa. Desgastado por el movimiento revolucionario, golpeado por la Gran Crisis de 1929, el mercado interno atraviesa por una de las mayores crisis de su historia. Para 1930 el Producto Interno Bruto ha decrecido 12%, en 1932 la caída de exportaciones es del 48% y la de importaciones del 52%, el ingreso público se ha contraído en 66% y la inversión pública en 70%, retornando el país a los niveles de crecimiento de 1900. Éste es el país que recibe Cárdenas como titular del Ejecutivo Federal en 1934. Su reto será impulsar un proyecto de desarrollo nacional fomentando la participación del Estado en los distintos sectores y pronto alcanzará el 46% de la inversión total en infraestructura. La confianza crece pero además hay una circunstancia favorable: la coyuntura internacional. Vientos de guerra inminente reposicionan y redefinen las fuerzas del contexto mundial. Cárdenas no desaprovechará el momento para tomar las decisiones económicas más importantes desde los tiempos de Juárez para el país. La soberanía energética de México no es ya un imposible.

Nunca como entonces la sociedad se une en torno a una causa común, desde la mujer de clase alta que entregó su anillo de bodas hasta la indígena que llevó su tesoro, un guajolote, para contribuir a la colecta nacional para indemnizar a las empresas petroleras. Los mexicanos saben que el porfiriato otorgó concesiones mineras y petrolíferas de hasta 99 años para promover la inversión directa de capital y, desde entonces, imperó en la industria el dominio extranjero. El sometimiento estructural era insostenible para un país ávido por reconstruirse y alcanzar su libertad y autonomía. Meses después nace Petróleos Mexicanos (Pemex) como única empresa para explorar, explotar, refinar y comercializar el petróleo. Nunca antes ni después otro organismo habrá tenido ni tendrá el poder que Pemex alcanzó. Sin embargo, el cáncer de la corrupción pronto inunda sus entrañas. Entre las administraciones de gobierno y el sindicato petrolero se establece una relación de connivencia perversa, contraria a los intereses supremos de la Nación, que la discrecionalidad en el otorgamiento de contratos y manejo turbio de sus fondos termina de pudrir bajo una nube negra de total opacidad. El desastre financiero del país cuya economía se fincó en el petróleo fue la consecuencia. El sueño petrolero que todavía López Portillo auguró se evapora antes de existir. No por falta de yacimientos, sino ante la voracidad insaciable de los grupúsculos apoderados de las cúpulas gubernamentales, empresariales y sindicales que, desde los años 40, comenzaron a enriquecerse a su costa hasta llegar a los más bajos y desvergonzados niveles de colusión de lo que Odebrecht es un caso más.

Hoy, como en el porfiriato, una vez más la mayor parte del territorio nacional está concesionado (figura por demás conveniente para disfrazar la simulación), por tiempo indefinido y sin límite alguno para la extracción minera y de hidrocarburos (con un agravante: el deletéreo impacto del fracking y de la extracción minera a tajo abierto). México, uno de los países más ricos en hidrocarburos del mundo como lo evidencian sus rondas de