Es inaceptable la violencia política: TEPJF
Gobernadores admitieron su corresponsabilidad para garantizar la seguridad de la jornada electoral
La magistrada presidente del Tribunal Electoral, Janine Otálora Malassis, calificó de inaceptable que durante el actual proceso electoral, 31 actores políticos han sido asesinados, por eso exigió a los tres niveles de gobierno garantizar que las campañas se desarrollen en paz social y seguridad.
“Desde luego las autoridades municipales, estatales, e incluso federales deben dar con los culpables (de los asesinatos), y no porque los asesinados sean políticos, sino porque si se encuentran formas ilegales e inaceptables de decidir quién está y quién no está en la boleta, se altera fundamentalmente la calidad del resultado del proceso electoral”, aseveró durante su intervención en la firma de la Declaración por la democracia y legalidad para el Proceso Electoral 2018 entre la Conago y el INE.
Otálora Malassis llamó a los 10 gobernadores, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y los representantes de 21 entidades federativas a trabajar en el ámbito de sus competencias para prevenir la violencia en los comicios, pues de eso depende la calidad de la democracia mexicana. “Si no logramos elecciones en paz social, nuestra democracia habrá dejado mucho que desear”, añadió.
La Declaración fue suscrita por la Conago, donde mandatarios estatales se comprometieron a garantizar unas elecciones de equidad, seguridad y paz social.
“Todos quienes gobernamos, estamos obligados a garantizar el uso responsable e imparcial de los recursos públicos que administramos, sobre todo, lo relativo al manejo de los programas sociales, así como a no caer en la tentación de convertirnos en actores de las contiendas electorales, vía impartición de justicia, la propaganda oficial o el uso de los tiempos y recursos de los servidores de las administraciones públicas”, dijo el presidente de la Conago y gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez.
El representante del Gobierno de Chihuahua, Roberto Ramos Molina, cuestionó la actuación de la Procuraduría General de la República en la investigación contra Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano).