Sancionarán las falsas llamadas de emergencia
Mexicali.- Por unanimidad de la Asamblea Legislativa de Baja California, fue aprobado el dictamen número 53 de la Comisión de Justicia, mismo que contiene una iniciativa propuesta por el diputado Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, que adiciona el artículo 320 Bis al Código Penal del Estado con la finalidad de sancionar con pena de prisión a quien realice llamadas falsas a números de emergencia.
Dicho artículo establece lo siguiente: “Comete el delito de uso indebido de medios de comunicación de emergencia y denuncia, la persona que de forma dolosa reporte hechos falsos a instituciones públicas que presten servicios de emergencia, protección civil, bomberos o seguridad pública y provoque la movilización y presencia de elementos de dichas instituciones a la que se le impondrá de tres meses a dos años de prisión y multa de diez a cien días del valor de la unidad de medida y actualización vigente. En caso de reincidencia se impondrá de dos a cuatro años de prisión y multa de quinientos a mil días del valor de la unidad de medida y actualización vigente”. En su exposición de motivos, argumentó “que las llamadas de reportes falsos son hechos que afectan la operatividad de las instituciones que atienden los incidentes, y no solo se desperdician importantes recursos públicos, sino que se pone en riesgo a otras personas que verdaderamente enfrentan una emergencia en la que se encuentra en peligro su patrimonio, integridad o su vida”. Aseveró que en algunos estados del país como Coahuila, Colima, Chiapas, Morelos, Oaxaca y Puebla, entre otros, se ha legislado respecto de las llamadas falsas o de broma, tipificando como delitos las mismas. Dio a conocer que, en Baja California, en el transcurso de lo que fue 2017 se realizaron cerca de seis millones 365 mil 720 llamadas a los números de emergencia siendo 79% de ellas falsas con lo cual se ubica al estado en el quinto lugar a nivel nacional con el mayor número de llamadas improcedentes después de Querétaro, Nuevo León, Colima y Aguascalientes.
Impondrán de tres meses a dos años de prisión y una multa de 10 a 100 días del valor de la unidad de medida y actualización (UMA)