#ConLosAutónomosNo
En buena
medida, México ha cambiado gracias a las exigencias y propuestas de la sociedad civil. No obstante, no es ninguna novedad que los gobiernos, pasados o en funciones, pretenden hacer frente a problemas como la inseguridad, la corrupción y la impunidad sin incluir la participación de los ciudadanos. Desconfiar de la aportación de la sociedad civil equivale a despreciar la democracia.
Apesar de ello, existe evidencia del trabajo de la sociedad civil en distintos ámbitos:
En materia electoral se creó el Instituto Federal Electoral (IFE), ahora INE, como un órgano público ciudadano. Su función es hacer valer la voluntad popular y fungir como árbitro del sistema electoral. Hasta ahora, nos ha dado transiciones de poder en los años 1997, 2000, 2012 y 2018.
En cuestión de derechos humanos se consiguió la autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y una serie de reclamaciones, reformas y denuncias sobre violaciones graves a los derechos humanos (Ayotzinapa, Tlatlaya o Tanhuato).
En el tema económico se logró separar al Banco de México del capricho presidencial: se consiguió estabilidad macroeconómica y esa institución ahora es considerada como uno de los mejores Bancos Centrales del mundo.
En educación se avanzó en la evaluación de alumnos y profesores, así como en el servicio profesional (la rectoría de la educación regresó al Estado).
En materia de medición, planeación y evaluación de políticas públicas se logró fortalecer al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Ahora se cuenta con estadísticas y evaluaciones independientes a la política social.
En cuanto a transparencia, protección de datos y rendición de cuentas se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), ahora Inai. Por medio de esta institución se dieron a conocer casos como Odebrecht o San FernandoTamaulipas, entre otros.
En el rubro de combate a la corrupción se impulsó el Sistema Nacional Anticorrupción y la ley 3de3 (se denunció el desvío de recursos en Chihuahua, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y se dio a conocer el caso de La Estafa Maestra).
Sin embargo, la sociedad civil ha recibido ataques recientes, tales como el del
INE. Actualmente existe un riesgo latente de que los legisladores de Morena, la fuerza política mayoritaria, y sus aliados, coloquen a consejeros afines. Así parece haber ocurrido en al menos cinco órganos autónomos: la CNDH, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y el Coneval.
En un comunicado lanzado el sexenio pasado, diversas organizaciones de la sociedad civil denunciaron que “solo los regímenes autocráticos o los defensores del
statu quo pueden percibir la participación cívica como una amenaza al orden y la estabilidad”. Ahora es un nuevo statu quo. El Gobierno aún está a tiempo. Debe dejar de erosionar y destruir lo que tanto ha costado crear: un sistema de pesos y contrapesos. Un aparato público con órganos especializados, ciudadanos y autónomos.
En resumidas cuentas, el saldo del trabajo de la sociedad civil es positivo. Desde luego cada una de las instituciones, órganos, reformas y políticas públicas mencionadas son perfectibles, al igual que la democracia mexicana.
Roma no se construyó en un día. Las instituciones necesitan evolucionar, adaptarse a la realidad y dar solución a problemas complejos. Las propuestas construyen, los ataques destruyen.