Caso Tzompaxtle: violatorio de derechos humanos
ALEJANDRO JIMÉNEZ
El pasado 22 de enero de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado mexicano es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial cometidas en contra de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López en el marco de su detención y privación a la libertad, como parte del proceso penal del que eran objeto.
Fueron detenidos en Veracruz en enero de 2006, sin más delito que ser parientes del exintegrante del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Andrés Tzompaxtle Tecpile, el llamado Comandante Rafael, quien a su vez se había fugado de la cárcel en 1997. Desde su detención padecieron todas las trampas e ilegalidades del sistema judicial mexicano, con tal de mantenerlos detenidos, desde delitos inventados, hasta el abuso de la figura de la prisión preventiva y el arraigo. Abusos que culminaron el 14 de mayo de 2008, cuando se emitió una sentencia condenatoria por los delitos de cohecho (3 meses) y terrorismo (4 años).
En su Informe de Fondo la Comisión concluyó que las víctimas fueron retenidas y requisadas por agentes policiales sin orden judicial y que tampoco se evidenció que fuera posible percibir una situación de flagrancia. Asimismo, consideró que la retención resultó ilegal y arbitraria. Agregó que la posterior requisa del vehículo constituyó una afectación al derecho a la vida privada, así como que las víctimas no fueron informadas sobre las razones de su detención ni que fueron llevadas sin demora ante una autoridad judicial.
Estableció que la aplicación de la figura del arraigo constituyó una medida de carácter punitivo y no cautelar, señalando que la dicha figura resulta contraria a la Convención Americana y, en el presente caso, constituyó una detención arbitraria.
Finalmente, consideró que el Estado violó el derecho a la notificación previa y detallada de los cargos a la defensa técnica en los primeros días posteriores a la detención, puesto que durante ese tiempo tuvieron lugar diligencias relevantes en donde se recabó prueba en su contra y se dispuso su arraigo.
EL COMANDANTE RAFAEL DEL EPR
El excomandante del grupo suvbersivo, Andrés Tzompaxtle Tecpile, había sido detenido el 25 de octubre de 1996, en Zumpango de Neri, a unos 20 kilómetros de Chilpancingo, cuando trasladaba a unos reporteros a una entrevista con la dirigencia del EPR.
Tan pronto supo de la detención de sus hermanos y amigo, Andrés los deslindó de su participación en grupos armados. En un encuentro con algunos reporteros de Guerrero, Tzompaxtle, que se presentó encapuchado, denunció que la detención de sus hermanos formaba parte de la persecución y el hostigamiento que sufrían él y su familia por parte del Estado desde que se fugó de la prisión en 1997, cuando estaba detenido por su vinculación con el EPR, y dijo que temía por su integridad y la de su familia.
“Hoy ya no pertenezco a ninguna organización insurgente debido a las torturas que sufrí durante cuatro meses seguidos que me afectaron la columna vertebral, y la pérdida del 60 por ciento de la vista”.
Tras el fallo de la CIDH hace un par de semanas, México reconoció parcialmente su responsabilidad internacional por la violación de los derechos que la Comisión Interamericana identificó en su Informe de Fondo y firmó un Acta de Entendimiento con los representantes de las víctimas del caso.
Un caso digno de los peores tiempos de la guerra sucia, pero durante el gobierno de Vicente Fox.