Control de precios, por decreto
En enero, la inflación general anual en el país llegó a un nivel de 7.91 por ciento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Se trata del nivel más alto desde octubre del año pasado, cuando se alcanzó un nivel de 8.41 por ciento, así como una aceleración respecto al mes previo, que registró una tasa de 7.82 por ciento.
Los alimentos aumentaron 12.90 por ciento anual en enero de 2023. El precio de la tortilla de maíz presentó una variación anual de 16.24 por ciento y es el tercer genérico con mayor incidencia anual. La harina de trigo tuvo un incremento anual de 29.83 por ciento. El pan de caja tuvo un incremento de 19.43 por ciento anual.
Y eso, a pesar de existir un acuerdo como el Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC) de control voluntario de precios, promovido por el Presidente de la República ante los empresarios. Un día, el Presidente en su mañanera, molesto, dijo que iba a hablar “con los de Walmart”, porque “no estaban controlando sus precios”. Como si el asunto de los precios fuera algo que se pudiera manejar a discreción.
Este problema de entendimiento de la economía, por parte del Presidente, que cree que los precios dependen de la buena voluntad de las personas y no de complejos factores económicos y de producción, también se refleja en el chantaje que ha planteado a la industria aérea, para que bajen sus precios o de lo contrario autorizará el cabotaje para que líneas extranjeras puedan hacer vuelos comerciales dentro del país.
“Pues una vez que haya competencia todos bajarán sus precios”. Suena bien, pero inocente.
¿Quién le dijo al Presidente que las aerolíneas extranjeras tienen costos de producción menores que las mexicanas y son más baratas?Paradójicamente, quien tiene en sus manos la facultad de incidir en los precios de los boletos es el Gobierno federal. De acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas, firmado por Pablo Casas Lías, la Ley de Aviación Civil y su Reglamento otorgan facultades a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para regular las tarifas aéreas.
“En la determinación de las tarifas aéreas, dice el estudio, convergen diversos elementos, entre los que destacan: costo de turbosina; Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA); costos propios de operación de la aerolínea.
“En la referida regulación tarifaria, la
SICT puede establecer tarifas específicas para la prestación de los servicios, así como mecanismos de ajuste y periodos de vigencia.
“La SICT puede negar el registro de las tarifas fijadas por los concesionarios o permisionarios, si las mismas implican prácticas depredatorias, monopólicas, de dominancia en el mercado o de competencia desleal
“Respecto del costo de la turbosina, de no ser que el Estado determine la aplicación de subsidios al mismo, se fija a nivel mundial por la ley de la oferta y la demanda del petróleo”.
En el caso de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) es la contraprestación que más impacta en el costo del boleto y se entrega a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que fija su costo.
Todos queremos viajar barato, pero en este caso el Gobierno no quiere sacrificar ningún ingreso, pero sí exige a las empresas que reduzcan sus exiguas ganancias. No se ve que dicha exigencia vaya acompañada de lógica económica alguna.