Un socio de empresa criminal
En marzo de 2012 pocos meses antes de que concluyera el sexenio de Felipe Calderón, un almirante, un general de división, y un oficial de la armada de México, presentaron un estudio donde advertían que donde quiera que hubiera un conflicto entre dos o más facciones o escisiones de una organización criminal, se encontraba “la mano útil del Cártel de Sinaloa”.
El trabajo era la tesis de maestría en seguridad nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales del almirante José Luis Arellano Ruíz, actual subsecretario de Marina, del general de división hoy en retiro Moisés García Ochoa, quien aspiró a la titularidad de la Defensa Nacional en aquel año, y del capitán de navío Antonio Velasco Mos, titulada “La estrategia nacional contra la delincuencia organizada y su impacto en la seguridad nacional”.
En su análisis los altos mandos militares decían que “mientras las luchas internas y presiones externas de los organismos de control militar de México y las fuerzas federales han debilitado a todos los otros cárteles, el Cártel de Sinaloa ha demostrado ser inmune a la crisis y está creciendo”. Advertían que la influencia de esta organización en la ola de violencia que sacudía en aquel momento a ciudades como Reynosa y Monterrey, donde la organización conocida como Los Zetas había lanzado una ofensiva contra el Cártel del Golfo, en aquel momento socio de los sinaloenses, era “en respuesta a las pocas acciones por parte del gobierno por mantener el estado de derecho” en esos lugares.
La tesis de estos tres oficiales de alto rango de las fuerzas armadas, con experiencia en operaciones contra el narcotráfico, se sustentaba en una serie de episodios donde era evidente la colusión de funcionarios de distinto nivel en la protección de una organización cuya hegemonía creció a partir de la alternancia partidista en el año 2000 en la presidencia de la república.
Años antes en diciembre del 2006 uno de los generales de alto rango que acababan de incorporarse a la entonces Policía Federal Preventiva (PFP, decía que había en las acciones emprendidas por Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública “pura pantomima”, refiriéndose a la Operación Conjunta Michoacán, que comenzó en aquel momento con un despliegue de fuerzas federales en la región de Apatzingán, Buenavista y Tepalcatepec en lo que días después se anunciaría como el inicio de la Estrategia Nacional Contra la Delincuencia Organizada mejor conocida como “guerra contra el narcotráfico”
—Ya les avisaron a todos los jefes, se fueron desde hace días—comentaba off the record aquel mando militar retirado que años atrás había sido jefe de la sección segunda (inteligencia militar) del Estado Mayor de la Defensa Nacional y que tenía información importante sobre lo que ocurría en esa región.
El general contó que los mandos civiles encabezados por García Luna habían llegado a un acuerdo con los jefes del tráfico de drogas en la Tierra Caliente michoacana. Habría decomisos de armas, detenciones, y destrucción de plantíos para la foto pero a los cabecillas no los tocarían.
La reticencia castrense a García Luna era evidente desde entonces, y motivó un distanciamiento en la segunda mitad del sexenio entre Calderón y la cúpula militar. La sentencia en la Corte de Brooklyn confirmó que había razones de peso.