EL FANTASMA DE CHARLES LYNCH RONDA Y ASUSTA EN TLAXCALA

Ante los intentos de linchamientos debe usarse la fuerza pública para mantener la gobernabilidad. No a la violencia, pero sí mano firme. Vale la pena asumir los costos sociales y políticos que ello pudiera representar.

Odio decirlo pero hace algunos años se los advertí: si no se aplica la ley, los linchamientos terminarán por ser parte de los usos y costumbres de los tlaxcaltecas. Y hoy, ante una policía que frente este tipo de ilícitos no sabe qué hacer y, peor aún, es complaciente de quienes a cualquier persona que ven sospechosa quieren golpear, quemar viva o matarla, vamos en el camino correcto. Los recientes intentos de linchamiento en Chiautempan, Nativitas, Ayometla y Tzompantepec, son una muestra de que hay una incapacidad total de la autoridad y que las policías municipales y los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), que dirige Hervé Hurtado Ruiz, carecen de una estrategia de reacción para enfrentar a una turba salvaje y enardecida. En los últimos años, Tlaxcala ha registrado linchamientos violentos. Quién olvida aquel septiembre de 2005 en Tenancingo cuando el general retirado José Leopoldo Martínez, a la sazón secretario de Seguridad Pública estatal, perplejo, contemplaba en la plaza principal de ese lugar, el cuerpo inerte de un joven que una turba había golpeado, colgado de un árbol y asesinado bajo el cargo ‘sumario’ de haber perpetrado el robo a una casa-habitación. O lo sucedido en julio de 2012 en Aztama, Teolocholco, cuando el intento de linchamiento de una mujer que presuntamente sustrajo joyas de la Virgen del Carmen terminó en un violento enfrentamiento entre policías y pobladores. Ese día los agresores que atacaron, humillaron, vejaron y hasta rociaron con agua caliente el cuerpo de Carolina Rodríguez Flores, la supuesta ladrona, destrozaron unidades automotoras oficiales y golpearon salvajemente a un policía ministerial y a dos locales. Aún hay más. En marzo de 2102, en Mazatecochco, armados con palos, piedras y tubos, decenas de pobladores intentaron linchar a dos presuntos delincuentes que fueron sorprendidos cuando sustraían electrodomésticos y artículos personales de una vivienda. Uno de ellos falleció en el hospital por los golpes que, por casi 40 minutos, le propinaron. Y en el inicio de la administración de Mariano González Zarur, frente a Palacio de gobierno, el entonces director de la Policía Ministerial, Olegario Atónal, fue golpeado y estuvo a punto de ser ahorcado con un lazo, durante una manifestación de personas de la tercera edad que exigía no suspender los apoyos a este sector. En todos los casos no hubo un solo castigado. El problema es que las autoridades no aprenden de sus errores y los intentos de linchamientos persisten en la entidad sin que haya una profunda reflexión y análisis sobre su actuación en este tema. Es evidente que el uso de la fuerza pública para mantener la gobernabilidad no está en la mente de los gobernantes, no porque no quieran convertirse en represores, sino porque mañosamente saben que eso repercute negativamente en las campañas electorales. Lo cierto es que es inaceptable hacerse justicia por propia mano. Ante la desconfianza que existe de las corporaciones policiacas infectadas de corrupción, a la gente se le hace más fácil no llamar a la autoridad sino castigar a los presuntos hampones, en muchos de los casos con el contubernio de los fiscales del pueblo que repican las campanas de la iglesia para llamar a la gente e incitarla a la violencia. El fantasma de Charles Lynch ronda y asusta en Tlaxcala, sí, el de aquel juez estadounidense que en 1870, sin un juicio de por medio, ordenó la ejecución de una banda de conservadores. Frente a este tipo de hechos, el gobierno de Marco Antonio Mena debería, primero, hacer una limpia de directivos en la CES y nombrar a gente que esté dispuesta a mantener ‘cero tolerancia’ porque si no aplican la ley, los linchamientos que inició Charles, terminarán por ser el ‘pan de todos los días’. No a la violencia, pero sí mano firme y vale la pena asumir los costos sociales y políticos que ello pudiera representar. Al tiempo EPÍLOGO… 1.-AUTORITARIOS… Ahora que ya sabemos que se pasaron la ley por el ‘arco del triunfo’. Pregunto: ¿Quién –en realidad- ordenó el traslado de las esculturas del artista Juan Soriano que, por muchos años, estuvieron en el primer cuadro de la ciudad de Tlaxcala? ¿Por qué se atrevieron a moverlas si no tenían autorización del INBA? Las trasladaron en grúas como si fueran automóviles chocados cuando, para ese proceso, se requiere de especialistas en la materia y unidades adaptadas.

¿Sufrieron algún desperfecto?, no se sabe, pero su traslado, como si las llevaran al corralón, puso en riesgo la integridad de las personas, pues ¿qué tal si una hubiese caído? ¿Habría asumido la responsabilidad el titular del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, Juan Antonio González Necoechea? Por cierto, la del toro, ya adorna la oficina de González.

¡Hasta el próximo martes!