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El Instituto Nacional Electoral (INE) debiera reglamentar basándose en el concepto de la palabra debate, lo que debe estar permitido discutir entre contendientes que aspiran a ocupar algún puesto público designado por medio de votos ciudadanos. ¿Cuál es el propósito? Evitar ofensas personales y calumnias, así como dar por hecho a propuestas para el futuro.
No permitir oficialmente la “guerra sucia” que emplean candidatos para denigrar la personalidad del contrincante. La mayoría del pueblo, que no ha tenido buena educación, escucha emplear vocablos a través de la radio y televisión sin tener el concepto preciso de la palabra empleada, y por ello no pueden opinar respecto a lo expresado en la controversia verbal de los contendientes, prevaleciendo opinión de locutores que están alejados de aportar un juicio crítico, por tanto equivocado, confundiendo lo que debe en verdad considerarse de un debate como lo han sostenido candidatos a la presidencia de la República. Los diccionarios definen al debate como: discusión, disputa y controversia, dicha palabra tiene la etimología francesa: debattre, “luchar, separados, contienda”, y del latín: battere: “contra, luchar, golpear, abatir, combatir”.
En debates de candidatos para Presidente de la República han prevalecido denostaciones en estos casos: de cuatro y tres candidatos contra uno, denigrando la fama positiva de uno de ellos. Sin embargo, no han expuesto propuestas para mejorar la vida política, económica y social de México, tal vez porque hacen falta minutos para describir el tipo de proyecto que deba resolver problemas nacionales. Así que las propuestas han sido de carácter somero, sin precisiones para formar criterio que incline con certidumbre la voluntad de votar.
Debiera estructurarse un reglamento ético oficial para ser acatado por candidatos que aspiren a prestar servicios públicos en general. ¿Por qué debe establecerse la norma ética? Porque el caso de los debates presidenciales, la difusión es nacional, por tanto, las exposiciones verbales y gráficas revisten un carácter delicado de mucha responsabilidad, pues el público que no tiene la posibilidad de comprobar si es verdad o mentira lo expuesto por los presidenciables conduce generalmente hacia la creencia de mentiras, las que forman juicio equivocado respecto a la personalidad del candidato denigrado.
De acuerdo con las definiciones de la palabra debate, es admisible dentro de la discusión que exista la controversia de luchar con ideas y conceptos, sí, combatir con las mejores propuestas y proyectos para mejorar las condiciones negativas generales que padece el país. No debe ser guerra entre candidatos, aunque está conceptualizado el debate como guerra o batalla no debe prevalecer la conocida frase vulgar: “en la guerra como en el amor, se vale de todo”, porque lo único que exhiben los contendientes al atacar con calumnias, es la carencia de propuestas constructivas y el desmedido afán de llegar a detentar el poder “a como dé lugar”, y eso no merece un pueblo esperanzado de mejorar sus condiciones deplorables de vida
Se hace referencia al caso de la guerrerense Nestora Salgado, quien fue acusada por cadena nacional de televisión como “una secuestradora que está libre por una falla en la policía”. Nota que entregó el candidato oficial al candidato presidencial de Morena, señalamiento que la candidata a Senadora, contestó: “la difamación es un delito y te reto públicamente a que pruebes tus afirmaciones”. La citada aspirante a Senadora, efectivamente estuvo presa durante 32 meses fue liberada por tres jueces y con la opinión de la Organización de Naciones Unidas (ONU), misma que indicó que la privación de la libertad de Nestora fue “ilegal y arbitraria” por lo que fue liberada. La dama señalada, es luchadora social defensora de los Derechos Humanos y criminalizada por malas autoridades. Esta exhibición en el debate confunde al pueblo, así; es probable que el acusador oficial desoriente a votantes, aquéllos que tenían la voluntad de votar por cierto candidato. En otros ciudadanos se fortalece el criterio de elección con su voto para el candidato que ha sido denostado.
Este caso debiera ser considerado por el INE, para sancionar la conducta del candidato que incurrió en calumniar a defensora de los derechos humanos de mujeres y niños de la región guerrerense. Esta clase de hechos enturbian el debate que debiera realizarse con señalamientos apegados a la realidad.