Reforma al artículo 19 era una demanda social: Álvarez Lima
Recordó que medida cautelar no debe ser superior a dos años
Después de la reforma al artículo 19 Constitucional para establecer prisión preventiva oficiosa a ciertos delitos, José Antonio Cruz Álvarez Lima, sentenció que la modificación responde a la demanda social respecto de la generalizada sensación de injusticia e impunidad que vive el país.
El pasado jueves seis de diciembre el Pleno del Senado aprobó con 88 votos a favor, 16 en contra y cero abstenciones, la reforma al artículo 19 para que los delitos de robo de combustible, desaparición forzada y entre particulares, abuso o violación sexual de menores, corrupción, desvío de programas sociales con motivos electorales y portación ilegal de arma, fueran agregados como susceptibles a ser cubiertos con la prisión preventiva oficiosa.
Al hacer uso de la Tribuna, el exgobernador de Tlaxcala precisó que se trata de una medida excepcional para que los delitos enumerados sean resueltos y castigados, pues han causado daño y perjuicio al tejido social, además de que han generado una crisis de seguridad pública.
El legislador miembro de la fracción del Partido Movimiento Regeneración Nacional dijo que los delitos recién agregados, “atentan de manera directa contra la seguridad de las personas e incluso contra el erario y la nación”.
Recordó que la prisión oficiosa no debe ser superior a dos años, por lo cual “si en ese plazo no se ha dictado sentencia, el imputado deberá ser puesto de inmediato en libertad, mientras se sigue el proceso y se hace uso de otras medidas cautelares”.
Aseveró que no es automática y fuera del proceso penal, “por el contrario, es dentro del mismo y representa una excepción para que el juez pueda determinar si la medida cautelar de prisión preventiva es causal o no”.
Destacó la urgencia y necesidad de capacitar y profesionalizar a los cuerpos de investigación y de procuración de justicia, para que en el futuro deje de ser un tema de preocupación el comportamiento de la policía frente a las amenazas del crimen organizado.
Sin embargo, refirió que los jueces deben poner especial atención a los delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito y el uso abusivo de funciones, “pues es vergonzoso y lamentable que los funcionarios abusen de los cargos que el pueblo les encomendó”.