Conclusión del proceso electoral
A varias
preguntas similares respecto a quien ganó en el proceso electoral que transcurre, me permití responder: ¡ganó la democracia! y que en breves líneas trataré de explicar.
Al momento de redactar esta intervención, aún no concluyen las etapas del proceso electoral previstas en la Ley Local y que son competencia del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a saber: preparación de la elección, jornada electoral y resultados y declaración de validez (Art. 113 LIPET); más aún cuando falta la resolución de hasta el último medio de impugnación respecto de la misma (Art. 116 LIPET).
Pero, salvo incidentes no controlables por la autoridad administrativa electoral, como los lamentables hechos de violencia ocurridos el día y los días posteriores a la jornada electoral, los resultados de la votación y la alternancia son alentadores para la democracia.
Esto lo afirmo así, pues en algunas entrevistas en las que participé, se auguraba un porcentaje de votación de entre el 51 y 55%, y un óptimo por no llamar utópico, del 60 al 63%; esto derivado de la pandemia por Covid-19, así como las consecuencias no solo de salud, sino las sociales y económicas que generó. La sorpresa es que un poco más del 65% de los Tlaxcaltecas emitió su voto y en la mayoría de los casos, cuidando los protocolos sanitarios.
Además, se dio alternancia en el Gobierno estatal y pluralidad de fuerzas en los ayuntamientos, lo que refleja la forma de votación de la ciudadanía, que no solamente eligió a un partido político, sino que podemos hablar de un voto consciente y que expresó su voluntad por las candidaturas y sus propuestas.
La democracia triunfó a pesar de manifestaciones de inconformidad en diversos municipios, pues, a pesar de los actos de retención y quema de paquetes electorales, los resultados aportaron elementos suficientes para declarar la validez por los órganos desconcentrados del ITE, en la mayoría de los casos.
Sobre este tema, es importante condenar dichos actos violentos, que no abonan al proceso democrático, que impiden la función de las autoridades electorales, desde el funcionariado de casillas hasta los Consejos Distritales y Municipales, así como el General; actos que generan desconfianza y falta de certeza en la ciudadanía, que no está por demás decir, dichas manifestaciones no son realizadas por la mayoría de ciudadanas y ciudadanos, por tanto somos más las y los que estamos convencidos que el sistema funciona.
No podría cerrar esta intervención sin reconocer la labor cívica y democrática de las y los miles de ciudadanos que participaron en las diferentes etapas del proceso electoral; además, reconocer la labor del funcionariado de los diversos órganos jurisdiccionales que atenderán las demandas, a través de medios de impugnación que realicen las y los actores políticos para dirimir cualquier controversia legalmente estatuida.