Los autos chocolate y el daño para el sector automotriz en México
El Gobierno federal ha planteado regularizar los autos ilegales, lo cual implicaría legalizar el contrabando y fomentar la competencia desleal en una industria estratégica para México y gravemente afectada por la pandemia, como lo es la automotriz. Existe también claridad sobre lo complejo que este tema resulta para los habitantes de la franja fronteriza del país.
Sin embargo, como lo ha advertido la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), la introducción y comercialización irregular de vehículos usados procedentes de los Estados Unidos es un tema discutido por décadas y han sido múltiples los intentos gubernamentales por poner orden, muestra de ello son los 19 procesos de regularización puestos en marcha en el periodo de 1979 a 2011.
De hecho, hoy en día importar un vehículo usado es factible de acuerdo con el Decreto emitido por la presente administración, por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2020.
Por ello, se deben considerar los riesgos e impactos que podría provocar la regularización de autos ilegales. Existe el antecedente que en el mercado nacional se vendieron 428 mil 312 vehículos ligeros durante el periodo de enero a mayo 2021. Esto está 19.8 por ciento por debajo de los niveles registrados en el mismo periodo pero del 2019. La producción total de vehículos ligeros está 19.7 por ciento por debajo de los niveles vistos en el mismo periodo previo a la pandemia.
Además, el sector automotriz en México no puede esperar que la recuperación dependa exclusivamente del repunte del sector estadounidense que se prevé ocurra hacia finales de 2022. Tampoco deben perderse de vista las presiones que enfrenta,
como es el incremento del precio del acero (que alcanzó su mayor nivel en 7 años), el desabasto de semiconductores (chips) en el mercado global o los procesos laborales para renovar contratos colectivos entre sindicatos y empresas como parte de lo establecido en el T-MEC.
La competencia desleal que representa la regularización de “autos chocolate” atentaría gravemente contra la recuperación de un sector clave para el país. La AMDA estima que podría implicar una caída del 39 por ciento en las ventas del mercado nacional.
Asimismo, los empleos asociados estarían en riesgo. Hoy en día son casi 2 millones de empleos vinculados a la fabricación de equipo de transporte y a su comercio al mayoreo y menudeo; muchos de ellos se verían afectados dada la posible contracción del mercado interno. En cuanto, al tema recaudatorio habría dos efectos: primero, los fabricantes dejarían de pagar IVA e ISR ante los recortes en la producción que tendrían que hacer por una menor demanda de autos nacionales; y segundo habría una contracción en la captación del ISAN, que es un impuesto que los compradores de vehículos nuevos tienen que pagar. En 2020, se recaudaron poco más de 11 mil millones de pesos por este concepto.
El medio ambiente y la seguridad igual tendrían un impacto, pues por una parte se alentaría la introducción de automóviles al país que por sus elevados kilometrajes y antigüedad son altamente contaminantes. Y por otro lado, muchos de estos vehículos son desechados o con antecedentes de siniestro en Estados Unidos y no garantizan los estándares mínimos de seguridad vehicular como son frenos de seguridad ABS, bolsas de aire o sistemas de retención infantil. Con ello se pone en riesgo a los usuarios del auto como a las personas en su entorno.
Para el sector patronal el planteamiento hecho para la regularización de “autos chocolate” representa premiar a la ilegalidad y al mismo tiempo, un atentado contra uno de los sectores claves de nuestra economía ya que la industria automotriz representa cerca del 20 por ciento del PIB manufacturero nacional.
Coincidimos con la buena intención de apoyar a quienes menos tienen y quienes demandan alternativas para su movilidad, particularmente en las entidades de la frontera norte, pero no coincidimos en las medidas que distorsionen la economía, provoquen la pérdida de empleos, deterioren la confianza en la inversión y la recaudación de impuestos, afecten el medio ambiente y, sobre todo, pongan en riesgo la vida de los usuarios de autos y a terceros.
Llamamos a que las autoridades sean las primeras en respetar y hacer respetar la ley y las medidas regulatorias que este mismo gobierno ha emitido. La regularización de los vehículos que se encuentran en calidad de contrabando sería un duro golpe a la economía y aumentaría la obsolescencia automotriz, México no debe ser el basurero automotriz de ningún país.
El sector automotriz en México no puede esperar que la recuperación dependa exclusivamente del repunte del sector estadounidense que se prevé ocurra hacia finales de 2022...