Seguridad Pública, ¿Mando civil o militarizado?
En el 2019, la Ley en la materia estableció que la conformación y el desarrollo de las capacidades de la Guardia Nacional requerirían un período de cinco años para su implementación. Un año más tarde fue publicado un decreto en el que se dispuso que las Fuerzas Armadas llevarían a cabo tareas de seguridad pública, interviniendo de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, con una vigencia hasta marzo del 2024.
Hoy, cuando la Guardia Nacional se encuentra en plena fase de consolidación y desarrollo, el Gobierno federal da un viraje y propone integrarla a la Secretaría de la Defensa Nacional. Además, el número de efectivos que tiene desplegados en el país apenas alcanza los 101 mil 561 elementos. Esta cifra comparada con los 90 mil elementos de seguridad pública con que cuenta la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, permite dimensionar la necesidad de seguir ampliando su estado de fuerza y presencia territorial, y con ello relevar a las Fuerzas Armadas de las tareas que han asumido provisionalmente en la materia.
Adicional, las Fuerzas Armadas en la presente administración han asumido al menos 13 tareas más a las de seguridad nacional, entre ellas: la construcción de infraestructura (Tren Maya, Aeropuerto en Santa Lucía, Bancos del Bienestar); capacitación policial; apoyo y distribución de programas sociales; control de puertos y aduanas; combate al robo de hidrocarburos; control de la migración, así como la atención a la emergencia sanitaria ocasionada por la Covid-19 y la distribución de vacunas.
Por lo que, la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de la administración pública, ajenas a su naturaleza esencial, debe ser subsidiaria y temporal; alargar la permanencia de los militares en las calles impide avanzar en la consolidación de instituciones civiles propias de una nación democrática y que respondan al fortalecimiento de la seguridad y justicia. Con ello, se ponen en riesgo la imagen, la aceptación ciudadana e incluso la integridad de la Marina y el Ejército.
Desde el sector empresarial, planteamos que es imprescindible garantizar el derecho a la seguridad pública y combatir a la delincuencia. Así que el cumplimiento de dicha obligación debe estar a cargo del Estado con instituciones civiles y no militares.
Asimismo, la mejor manera de atender la inseguridad y combatir a las organizaciones criminales es a través de labores de inteligencia, la desarticulación financiera, la cooperación internacional, la intervención coordinada de los distintos órdenes de gobierno y la articulación eficaz con el Poder Judicial que lleven a condenas para los responsables y se garantice que no haya impunidad.
Es urgente restablecer y fortalecer los mecanismos institucionales construidos a lo largo de muchos años y luchas ciudadanas como es el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), creado en 1995, y tiene como función establecer las acciones y objetivos de la seguridad pública en México a partir de la coordinación entre instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones a nivel federal, estatal y municipal, bajo la articulación del Secretariado Ejecutivo (SESNSP). No se puede ni debe seguir relegando al SNSP, fomentando con ello la centralización y la militarización del país.
Es apremiante no suplantar a las policías estatales y municipales, sino fortalecer sus capacidades. Las instituciones civiles de la policía a nivel local deben robustecerse, pues son las policías y las Fiscalías quienes están facultadas para interactuar con la población civil, prevenir los delitos y la violencia y llevar a cabo investigaciones y procedimientos legales de los delitos del fuero común que más impactan a los ciudadanos. Deben reestablecerse mecanismos como la certificación, los controles de confianza, así como la profesionalización, dignificación y seguridad social.
Es necesario promover la participación de la sociedad en las mesas de seguridad, ya que es indispensable dar voz a los ciudadanos y a las víctimas de la delincuencia para vincular eficazmente los esfuerzos de prevención, seguimiento de metas y generar estrategias sensibles a las necesidades de las comunidades.