Cinco mitos sobre la Consulta Popular
Para cuando este artículo se publique habrá concluido el ejercicio de la Consulta Popular, que desde su aprobación estuvo con más preguntas que respuestas y, una vez que se determinó la fecha y el método de aplicación, hubo voces a favor y en contra de que se realizará; los que estuvieron a favor lo vieron como un gran movimiento democrático de la ciudadanía para esclarecer los hechos del pasado por los actores políticos (según ellos expresidentes), quienes estuvieron en contra lo llamaron un circo, un show para distraer la atención de los asuntos importantes del país que no se atienden con la eficiencia y eficacia que lo demanda la ciudadanía.
Independientemente de lo que se haya dicho a favor o en contra, al Instituto Nacional Electoral (INE) le corresponde por disposición constitucional, organizar la Consulta popular, alrededor de la cual se formaron muchos mitos, he aquí los principales:
Primero: La consulta es un acto democrático solicitado por la ciudadanía.
Falso. Las firmas que se reunieron por parte de la "ciudadanía" tuvieron muchas inconsistencias y hubo duplicadas, sin firma y credenciales que ya no estaban vigentes, por eso, para asegurar que transitara la consulta, el titular del Poder Ejecutivo hizo la solicitud, conforme a la facultad que le otorga la Ley Federal de Consulta Popular.
Segundo: La consulta es un juicio para encarcelar a los expresidentes.
Falso. La pregunta que avaló y modificó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no hace referencia a los expresidentes, en su redacción se refiere a los actores del pasado y pregunta si se está de acuerdo o no con que se inicie un proceso de esclarecimiento de las decisiones tomadas por los actores del pasado. Algunos promoventes de la consulta por desconocimiento o mala fe dijeron que era incluso para llevar a la cárcel a los expresidentes, como si la respuesta afirmativa per se evitará el debido proceso. Tercero: el INE boicoteó la consulta. También por desconocimiento o mala fe le atribuyeron al Instituto la promoción y difusión de la consulta en un corto periodo, cuando la realidad es que la propia Cámara de Diputados en un artículo transitorio estableció que el inicio de la promoción y difusión de la consulta fuera hasta el 15 de julio, para no afectar la equidad en la contienda electoral del 6 de junio. No podía iniciar antes, el fin no justifica los medios.
Cuarto: el INE no promovió la consulta. El INE sí promovió la consulta. En total, a través de tres mil 499 emisoras de radio y televisión difundieron 377 mil 833 spots promocionales y alrededor de 800 mil pautas en las redes sociales, al margen de los casi 7 mil espacios de publicidad exterior y alternativos, y decenas de inserciones en diarios en todo el país. Eso en el ámbito nacional, en tratándose de lo local hubo además una Jornada de Diálogo estatal y | distritales y diversas entrevista en medios de comunicación electrónicos e impresos; se repartieron volantes en las secciones electorales donde no se instalaron mesas receptoras y se fijaron carteles también en los domicilios donde tradicionalmente se ubican casillas durante las elecciones locales y federales, para que, como dice la Ley Federal de la Consulta Popular, se garantice a la ciudadanía el derecho a emitir su opinión.
Quinto: El INE no quiso instalar la totalidad de las mesas receptoras como casillas en la jornada electoral.
La misma Ley de la Consulta confiere atribuciones al Instituto para que en una mesa receptora haya entre dos mil y cuatro mil electores, visto de esta manera es que, ahora funcionaron como centros de votación en donde confluyen varias secciones, que por el tamaño de la Lista Nominal no es posible instalar una mesa receptora. Lo que sucede, es que no se emplea esta forma de organización para la instalación de casillas, pero en ningún momento se hizo algo que no está contemplado en la Ley.
Adicional a todo esto, quienes solicitaron la instalación de la totalidad de las mesas receptoras, soslayan la complejidad logística y económica de colocarlas; implica costos y gastos de recursos humanos, materiales y financieros. Cada funcionario de mesa receptora recibe un apoyo para alimentación, las sillas, mesas y lonas implican gastos, nada es gratis. En total se gastaron 540 millones de pesos.
A este ejercicio le quedan dos preguntas por contestar: Si el porcentaje de participación ciudadana alcanza el 40% para que sea vinculante ¿qué harán las autoridades competentes? Y si no se alcanza ese porcentaje también ¿qué harán las autoridades?