La carencia
Cuando el presidente apareció con el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), a una gran cantidad de especialistas les pareció que se trata de la más ambiciosa apuesta de este Gobierno contra las prácticas de monopolio y "corrupción" de una de las industrias más poderosas del mundo: Las farmacéuticas. Pero también, con una vieja demanda ciudadana que se quejaba de la falta constante de medicamentos.
El INSABI no solo era el manotazo sobre la mesa en contra de los laboratorios y de las compras consolidadas que había logrado realizar el IMSS, sino que también apuntó contra los intereses del gremio médico, de sus sindicatos, del personal, de los proveedores y de la lamentable experiencia ciudadana sobre la calidad de los servicios médicos. El Gobierno federal apuntó hacia la idea de parecernos más al sistema de salud danés, que a cualquier otro sistema de América Latina con excepción de Costa Rica.
Con esa apuesta, el presidente fijó su meta: se trata de proteger a la población que no cuenta con acceso a los servicios de seguridad social; de ampliar el padrón de 53 millones de personas que atendía el seguro popular a uno universal gratuito con más de 69 millones de personas; de incorporar esquemas de rendición de cuentas innovadores que permitan corregir las malas prácticas ya detectadas; de agrandar el presupuesto del seguro popular que en 2018 alcanzó los 69 mil millones anuales, a un INSABI que en su primer año ejercería más de 112.5 mil millones de pesos; de operar estructuras organizativas con vocación, capacidad, equipamiento y medicamento gratuito para revertir la percepción siniestra de los sistemas de salud y sus instalaciones fantasmas; de blindar el derecho a la salud de las mermas y desvíos cotidianos que han practicado las entidades federativas.
De eso, casi dos años… para ello, entre otras tantas medidas adoptadas con las intenciones expuestas, también se eligió a la ONU como organismo capaz de garantizar que las compras que se realizarían, estarían libres de toda corruptela.
Sin embargo, la realidad ha sido otra. Y hay que decirlo con claridad, la falta de medicamentos en el sector salud no es un problema nuevo, habrá que recordar que hace poco más de doce años, en la campaña electoral del 2009, un partido político logró posicionarse ante la creciente demanda social y de denuncia con el slogan: "Si el gobierno no puede darte las medicinas, que te las pague".
No obstante, la estrategia anticorrupción y antimonopolio que persigue el presidente López Obrador ante la compra de medicamentos es una apuesta que empieza a arrojar datos que no pueden ser ignorados.
Van dos datos: de acuerdo con el reporte registrado por Cero Desabasto (https://cerodesabasto.org/), los programas de vacunación de 2020, en comparación con 2019, disminuyeron drásticamente: "la vacuna de la tuberculosis disminuyó 92%, la de tétanos 81%, y para el papiloma humano 73%". Y dos, las recetas médicas que el IMSS reportó como no surtidas en 2020 alcanzaron la cifra de 15.9 millones, cuando en 2019 esta cifra fue de 5 millones.
Sea cual sea el resultado final de la estrategia anticorrupción del presidente en materia de medicamentos, hoy por hoy los Otros Datos confirman que, a casi dos años de la reforma planteada por López Obrador al sistema de salud, este enfrenta una carencia de medicamentos aguda que nos aleja cada vez más de parecernos al sistema de salud de Dinamarca, Canadá o al de Reino Unido. Y es entonces cuando uno debe tener presente que "a veces las palabras no sirven ningún propósito".
TRASCENDIÓ…
"No aceptamos tu reclamo", expresó firme el senador Ricardo Monreal cuando el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, le expresó su inconformidad sobre el retraso del desafuero del diputado Saúl Huerta, acusado de abuso sexual de menores… El subsecretario habría señalado que la decisión de los legisladores de posponer el desafuero enviaba una señal contradictoria y negativa hacia las víctimas.
Y no es por intrigar, pero aprovechando que estaban juntos, bien hubiera valido la pena preguntarles: qué ha pasado con la designación de la persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que ya cumplió un año y dos meses sin titularidad, sin operación, sin atender a las víctimas y sus reclamos.
A la juventud, y especialmente a la memoria de
Omar Ramírez Sosa Villarreal, politólogo, lector asiduo,
intrépido duranguense.