Realizó el TSJE reajuste administrativo y judicial
Emprenderá Presidente de Poder Judicial proyecto informático con una inversión de 5 mdp
Como parte de las auditorías y revisión del estado que guarda el Poder Judicial, el recién nombrado presidente, Héctor Maldonado Bonilla, informó que aplicó una reestructuración administrativa y judicial.
En conferencia de prensa, Maldonado Bonilla detalló que de la plantilla laboral que recibió de 742 colaboradores, no se registraron despidos, sino el personal fue redireccionado para fortalecer las áreas, principalmente la administrativa y jurisdiccional.
Explicó que en el último mes se congeló la tendencia de crecimiento de contratación y solo registraron 12 bajas en la plantilla laboral, algunos de los casos fueron por renuncias, la no renovación de interinatos y, en algunos casos, por aspectos reservados.
HAY 14 NUEVOS NOMBRAMIENTOS
El presidente del Poder Judicial en el estado señaló que para hacer frente a la implementación del nuevo Sistema de
Héctor Maldonado informó que inició 14 procesos administrativos, pero ninguno por corrupción. Destacó que registran un equipamiento tecnológico superior al 90 %.
Justicia Laboral, ya hicieron 14 nuevos nombramientos, entre jueces, secretarios instructores, proyectistas, actuarios y oficiales de partes.
Para hacer frente a las nuevas demandas en materia jurisdiccional, el magistrado refirió que implementará un Sistema Informático Integral de Seguimiento Administrativo y de Gestión, con una versión estimada de cinco millones de pesos.
PRIVILEGIARÁN TRANSPARENCIA EN MATERIA DE OBRA
Héctor Maldonado Bonilla apuntó que con relación a las obras ejecutadas se realizaron las auditorías correspondientes, para informar sobre los recursos destinados y el cumplimiento con los plazos determinados.
Para privilegiar la transparencia en el Poder Judicial -explicó- se integrará un Comité de Obra, con la intención de que en proyectos futuros se dé claridad en la adquisición de inmuebles y los procesos de adjudicación de obra.
Resaltó que siguen en revisión las obras judiciales emprendidas, específicamente en aspectos como los procesos de adjudicación y el avance de obra que supera el 80 %.