Peritos manipularon evidencia de los 43
La dependencia afirma contar con una veintena de testigos que desvirtúan la llamada "verdad histórica"
COCULA. A cuatro días del séptimo aniversario de la desaparición forzada de los 43 normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que iniciará una investigación contra los peritos que manipularon evidencia en el caso de los estudiantes desaparecidos.
“Hay una investigación de la Fiscalía sobre el actuar de la misma Fiscalía y los servicios periciales. Próximamente también estaremos judicializando a actores que formaban parte de servicios periciales que también manipularon evidencias”, adelantó Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General.
Así lo aseguró desde la Barranca de la Carnicería, en el estado de Guerrero, lugar en que fueron hallados los restos óseos de los estudiantes Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero, los dos únicos normalistas identificados hasta el momento.
“Nosotros, a lo que estamos llegando de las investigaciones dentro de la Fiscalía, es que un conglomerado de funcionarios públicos actuaron de manera ilícita, aprovechándose de la posición de la que gozaban y que en función de eso desviaron toda una investigación”, aseguró.
Durante el sexenio pasado, la entonces Procuraduría General de la República concluyó que los 43 normalistas fueron asesinados la noche del 26 de septiembre de 2014 y luego sus restos fueron incinerados en el basurero de Cocula, también en el estado de Guerrero, versión conocida como la "verdad histórica".
Dicha versión ha sido negada por la actual administración que comenzó una nueva investigación. Ayer, el fiscal Gómez Trejo dijo que existen muchas irregularidades en el trabajo hecho por la PGR.
“Un conglomerado de funcionarios públicos actuaron de manera ilícita”
OMAR GÓMEZ TREJO FISCAL PARA EL CASO IGUALA
Existen líneas de investigación debido a que hay más de 20 testigos participando, entre ellos propios victimarios privados de su libertad y otros que están en libertad por orden de un juez
“Es algo que nosotros penalmente estamos persiguiendo. Toda esa manipulación de la evidencia, toda esa recreación de todo ese andamiaje institucional, porque actuaron distintas instancias del Gobierno federal para poderlo recrear, ha sido una mentira y esos son los procesos de judicialización que estamos siguiendo”, comentó el funcionario de la FGR encargado para el caso.
Durante el recorrido por la Barranca de la Carnicería, Omar Gómez Trejo explicó que las diligencias en el lugar comenzaron el 19 de diciembre de 2019, hace más de un año, luego de que un testigo les diera la ubicación exacta del sitio al que presuntamente fueron arrojados los restos óseos de los normalistas.
Se trata de una barranca de difícil acceso ubicada a 800 metros del basurero de Cocula, donde en un inicio se indicó que fueron quemados los 43 estudiantes desaparecidos y en el que la Fiscalía General de la República encontró un total de 70 fragmentos óseos dentro de un costal, que no pudieron ser identificados debido a las condiciones en las que fueron localizados.
Desde entonces ha pasado un año y nueve meses en que los peritos han limpiado la zona, cernido la tierra, procesado la información y recolectado mayor evidencia para conocer el paradero de los normalistas, proceso que no se ha detenido a pesar de la pandemia.
A unos metros de ese primer vestigio fueron localizados los restos de Cristian Alfonso Rodríguez, identificados gracias a una prueba de ADN en la Universidad de Innsbruck, en Austria. Casi un año después, el 22 de octubre de 2020, los peritos localizaron la vertebra lumbar de Jhosivani Guerrero, hueso que no tenía evidencia de exposición térmica, solo exposición al sol.
Por su parte Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y titular de la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, indicó que existen muchas líneas investigación debido a que hay más de 20 testigos participando, entre ellos propios victimarios privados de su libertad o que están en libertad por decisión de un juez, y que desvirtúan la "verdad histórica".
“Son muchas acciones las que se han hecho. Son 53 acciones de búsqueda, donde incluso en cada acción puede haber distintos puntos en particular, (realizadas) en ocho municipios del Estado de Guerrero. Porque no es sólo Cocula o Iguala, es toda una región en donde hubo una operación de la información que nosotros hemos integrado que demuestra que operaron en distintos sitios (...) Es una parte de la investigación. Seguirán las búsquedas y lo haremos en otros dos (puntos) que tenemos plenamente ubicados”.
En ese sentido el propio fiscal Gómez Trejo aseguró: “yo tuve, tuvimos una serie de acercamientos, con el señor Abigael (el Cuini) y en función de eso es que hemos podido avanzar en la obtención de distintos testimonios que nos han ayudado a volver a corroborar datos dentro de las líneas de investigación que tenemos en la Fiscalía”.
“Cuando nosotros tengamos una corroboración de hechos, que eso es lo que tenemos que hacer, tendremos un camino, una luz, una narrativa más completa, creo que nos vamos a acercar como lo hemos hecho”, explicó.