¿Subirá el precio que pagamos por la electricidad?
En pocos días, hemos conocido muchas de las implicaciones negativas que tiene la reforma constitucional en materia eléctrica, promovida por el Ejecutivo Federal -que más bien es energética por la desaparición de organismos como son la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y el CENACE-. Además, atenta frontalmente contra un principio básico de una economía sana: la libre competencia. Diferentes voces se han alzado y rechazado, porque atenta contra la inversión, las finanzas públicas y los tratados internacionales, y sobre todo, resulta tóxica para las familias mexicanas.
Hay temas cruciales y preguntas qué responder sobre cómo afectaría esta reforma a todos los mexicanos, como por ejemplo: ¿Subirá el precio que pagamos por la electricidad? Sin duda, la ineficiencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), le pegará a nuestros bolsillos de una manera u otra; es decir, con datos de la CRE a septiembre de 2021, observamos que la energía que genera CFE es 4.9 veces más cara que la que produce el sector privado (mil 852 pesos por megawatt hora -MWh- contra 377 pesos por MWh).
De hecho, la Auditoría Superior de la Federación declaró en uno de sus informes de la Cuenta Pública 2018 que la operación de unidades del CFE presentan una menor eficiencia térmica y han excedido su vida útil, lo que repercute en mayores costos de operación. Es importante mencionar que desde 2019, en promedio, las empresas de generación privada han logrado reducir su costo unitario de generación (precio por MWh generado) en 19.6 por ciento. En específico, las plantas de energía eólica y solar han reducido su costo en 20.1 y 19.4 por ciento, respectivamente.
Algo muy importante, también la CFE se ha beneficiado de la competencia, y ha logrado reducir su costo de generación en energía eólica y solar en promedio desde 2019 en 5.2 y 19.5 por ciento, respectivamente. Sin embargo, estas tecnologías solo representan el 0.2 y el 0.01 por ciento de la producción total de la CFE.
Por lo tanto, si se excluye a los privados y se apuesta por el monopolio de la CFE, sus elevados costos se traducirán en mayores tarifas o en más subsidios. La CFE no es eficiente en la generación de electricidad, ni lo será si se le entrega por ley toda la responsabilidad. Esto, implicaría mayores precios de la electricidad, insumo básico para las industrias, los negocios, las oficinas y para los hogares (sobre todo ahora que muchas personas trabajan a distancia). Sólo podrán esperarse dos resultados:
1. Más subsidios para evitar que el precio que las personas vean en su recibo aumente. Estos son recursos públicos que en lugar de utilizarse para comprar medicamentos, dar mantenimiento a las escuelas o adquirir patrullas, se irá para cubrir la ineficiencia de CFE.
2. Aumento de costos de electricidad para las empresas, lo que provocará que los bienes y servicios suban de precio, entonces el golpe también lo recibirán las familias de forma indirecta.
En este sentido, seguramente el gobierno no querrá asumir el costo político de subir las tarifas y optará muy probablemente por más subsidios. Hoy en día la CFE ya recibe una partida millonaria del Presupuesto de Egresos de la Federación para el subsidio de tarifas eléctricas de suministro básico. Para 2022, se tienen presupuestados 73 mil millones de pesos para este rubro, casi lo equivalente al presupuesto destinado a becas para todos los niveles educativos (88 por ciento) o al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para todas las entidades (78 por ciento). Este subsidio ha crecido de forma alarmante desde que se otorgó de forma inicial en 2016; a 5 años de distancia casi se ha duplicado en tamaño con un crecimiento del 92 por ciento en términos reales. Es decir, CFE se ha convertido en un barril sin fondo.
En conclusión, no hay gasto público que pueda alcanzar para financiar el incremento en los costos y en los subsidios, lo que podría implicar la necesidad de que el gobierno se endeude todavía más. Hay que decirlo: la deuda no la paga el gobierno, la pagamos con nuestros impuestos hoy y la pagarán nuestros hijos en el futuro. Hoy, el país enfrenta la peor crisis económica y sanitaria en la historia, por ello, el llamado a los legisladores que piensen -hoy más que nunca- en México.