¿Hacía la criminalización de los contribuyentes?
En el sector empresarial lamentamos que el Senado de la República aprobara las reformas a las distintas leyes que integran la llamada Miscelánea Fiscal para 2022 sin haber realizado ninguna modificación respecto de lo aprobado por la Cámara de Diputados.
El Senado como cámara revisora para este caso tenía la oportunidad de enmendar varias de las disposiciones fiscales que fueron aprobadas por los diputados y cuestionadas por diversas organizaciones de la sociedad civil y de empresarios.
Desde nuestra óptica, vemos con preocupación que el Poder Legislativo se convierta en un órgano en el que no cabe el debate ni el análisis de las propuestas del Ejecutivo Federal.
Consideramos muy delicado que en la casa de la deliberación y el debate, en este caso en el Senado, no se haya permitido tener un Parlamento Abierto para escuchar las distintas posturas de la sociedad.
Con motivo de las impugnaciones que los contribuyentes en su momento presenten, le tocará al Poder Judicial decidir sobre la legalidad y constitucionalidad de las medidas aprobadas por los legisladores.
Se hicieron a un lado las discusiones en diversos temas, por ejemplo: el considerar como “contrabando” el transporte de bienes o mercancías sin el CFDI de tipo de ingreso o traslado, con el Complemento de Carta Porte respectivo, lo cual señalamos con oportunidad que es una medida excesiva, toda vez que existen sanciones aplicables a nivel administrativo, por lo que pareciera que únicamente se quiere continuar con la política de criminalizar a los contribuyentes.
En este sentido, temas como la regulación de la cancelación o restricción temporal de los certificados de sellos digitales, el trabajo de los contadores públicos, la criminalización de los contribuyentes, así como trasladar obligaciones a terceros que originalmente corresponden a las autoridades fiscales y con ello las sanciones a nivel administrativo que se lleguen a imponerse a los contribuyentes, deberán pasar por el análisis constitucional, en última instancia, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En el sector empresarial reiteramos nuestra disposición al diálogo con todos los representantes de los tres poderes, pero pedimos que se atiendan nuestros argumentos y que no se aprueben medidas en perjuicio de los contribuyentes.
En ese sentido, hacemos un llamado a la Cámara de Diputados para que en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022 se atiendan los planteamientos hechos desde la sociedad civil y los distintos sectores, con el fin de priorizar los beneficios para todos los mexicanos, no sólo para algunos proyectos, y privilegiar las asignaciones de gasto que impulsen una verdadera reactivación económica y la recuperación de empleos que es tan necesaria para los trabajadores y sus familias.