Policías de Apizaco dan disculpa pública
Dos elementos policiacos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte de Apizaco, ofrecieron una disculpa pública a una ciudadana que presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), derivado de un hecho de tránsito en el que se registraron diversas omisiones al marco legal.
De acuerdo con el titular de la corporación, Alfredo García Castillo, los hechos ocurrieron en 2018 y fue la corporación la que decidió dar la disculpa pública, antes de que la CEDH emitiera alguna recomendación, además de que con ello se da por concluido el caso. “Es un hecho inédito el que se está dando en el municipio de Apizaco por parte de la Dirección de Seguridad Pública para la reparación de un hecho sucedido en el pasado, como una medida de solución que nos permite nuestra Constitución en su artículo 18, que marca la solución alternativa de medios de controversia”.
El mando policiaco se reservó los nombres de los efectivos, así como la identidad de la quejosa; no obstante, refirió que la disculpa pública no implicó la erogación de algún recurso económico.
El jefe policiaco de la ciudad rielera manifestó que este acontecimiento sienta un precedente para mejorar el servicio de la corporación a favor de los ciudadanos.
“El tema no es delicado, no llegó al ámbito penal, por ello se hizo uso del medio alternativo de solución y de esta forma damos muestra de apertura y una nueva imagen de nuestra institución… de ninguna manera vamos a permitir que algo similar vuelva a ocurrir, pero de presentarse, estaremos atentos para sancionar a los malos elementos”, señaló García Castillo.
De hecho, la disculpa actual servirá de ejemplo para el resto de elementos (220 en total) para que eviten en un futuro posibles abusos, de lo contrario serán procesados conforme lo marca su reglamento y la legislación penal.
Alfredo García Castillo convocó a los ciudadanos a coadyuvar con el gobierno de Pablo Badillo Sánchez a mejorar la imagen de los efectivos de seguridad y denunciar probables actos de corrupción o abuso policial, para que sean tomados en cuenta por el Consejo de Honor y Justicia.