¿Revocación o evaluación?
Para estos
primeros días de noviembre inició ya la recolección de firmas para que, en caso de reunirse el tres por ciento de la Lista Nominal y la dispersión en por lo menos 17 entidades, se emita la convocatoria para la revocación de mandato al presidente de la República. "La revocación de mandato se define como la facultad que tiene la ciudadanía, para dejar sin efecto el mandato del titular de un cargo de elección popular". En esta definición no se aclara si es por pérdida de confianza o por ineficiente.
En América Latina solo cuatro países tienen esta figura de democracia directa para todos los cargos: Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela; otro tanto se limita al ámbito regional y unos más no lo consideran en su legislación. A pesar de que, estos cuatro países sí lo consideran en sus Constituciones, solo Venezuela hizo uso de ella en agosto de 2004, cuando se sometió a consulta ciudadana la revocación de mandato del presidente Hugo Chávez, los otros tres, además de Perú y Bolivia, lo hicieron en el ámbito regional. La región no tiene la cultura de la democracia directa, el sistema presidencial que impera otorga la seguridad al mandatario por un periodo para el que es electo, generalmente entre cuatro y seis años, en algunos lugares con posibilidad a la reelección y en otros no, como es el caso de nuestro país.
A excepción de México todos los demás países incluyeron en sus Constituciones las instituciones de democracia directa desde la década de los noventa. Aquí hasta el año de 2018, el presidente de la República duraba en el cargo seis años; incluso el actual se eligió para el mismo periodo.
La revocación de mandato implica dejar sin efecto el mandato que obtuvo en las urnas el titular de un cargo de elección popular y lo pierde en la misma forma en las urnas. El pero que existe, es que deja el cargo sin pena ni gloria o con más pena, pero sin responsabilidad alguna. Ante esta situación cabe preguntar; ¿por qué no antes de revocar evaluar? Ya se sabe que una parte de la ciudadanía aprueba la gestión del gobierno del presidente más como un acto de fe que con base en resultados medibles realizados por órganos independientes como son el INEGI o el CONEVAL, ese debe ser un punto de partida, sin filias ni fobias partidistas o ideológicas.
La evaluación a la gestión de la admi
nistración pública federal es por acción o por omisión. Está documentado con datos duros del CONEVAL, que la pobreza aumentó de 2018 a 2020 y son tres entidades con el mayor incremento: Baja California, Quintana Roo y Tlaxcala. No hay evaluación de los programas sociales, el dinero en efectivo que se entrega lo único que genera son clientelas electorales, porque ni el mismo gobierno sabe qué condiciones de pobreza tenía antes de recibir recursos públicos y cómo evolucionó después y si esos apoyos sirvieron para salir de esa condición. Otro ejemplo, es el salario mínimo que, es digno de reconocer, hay un incremento considerable, pero a la par que aumentó, disminuyeron los empleos formales y aumentaron los informales. Esa debería de ser la temática de la evaluación a la gestión gubernamental, análisis serios y objetivos con datos medibles y cuantificables, luego entonces para estar informados y poder emitir un voto en contra o a favor de la continuidad del presidente.
Pero como esto no sucederá, se desplegará un discurso polarizante desde la visión gubernamental de los buenos que deben participar para que continúe el mejor presidente del mundo mundial y los malos que solo critican, aunque sea con los datos que generan las mismas dependencias gubernamentales y autónomas, que contradicen el discurso triunfalista y transformador del presidente.
Independientemente del resultado de la recolección de firmas, en el INE, y en particular en las Juntas Local y Distritales, estamos trabajando ya en acciones encaminadas a llevar a cabo este ejercicio democrático con el profesionalismo que caracteriza al personal del Servicio Profesional Electoral y de la rama administrativa.