Fiscalización superior y democracia

La democracia requiere, entre otros elementos, la existencia de un sistema de equilibrio entre los distintos poderes y la posibilidad de que la ciudadanía puede pedir cuentas a sus representantes.

Es necesario

que la fiscalización superior no se limite a una vertiente punitiva o sancionatoria, debe adoptar, también, una vertiente preventiva y que contribuya a fortalecer la confianza ciudadana en el Estado, como pudimos ver con la visita del contralor general de la Republica de Colombia.

En ese escenario, la fiscalización superior adquiere una gran relevancia, ya que permite revisar que las instituciones públicas utilicen y administren adecuadamente los recursos públicos, generando para la Cámara de Diputados, como su órgano técnico de fiscalización, información sólida, confiable y recomendaciones para mejorar la gestión pública, es decir, es un componente fundamental del proceso de rendición de cuentas y, por ende, una garantía de la democracia.

Esta labor recae en las Entidades de Fiscalización Superior, las cuales, de acuerdo con los principios de la INTOSAI, en especial la Declaración de Lima y la Declaración de México, deben ser instituciones independientes, profesionales, íntegras y, en especial, ser dignas de confianza, tanto por parte de la ciudadanía, como por las entidades auditadas, el Poder Legislativo y otros actores interesados.

En una plática que impartí hace unos días a un grupo de alumnos universitarios de Monterrey, Nuevo León, expuse que por ello resulta indispensable que en los programas de formación de especialistas y profesionales en asuntos de gobierno, administración pública o políticas públicas, entre otras, incluyan contenidos vinculados con la transparencia, la rendición de cuentas, los instrumentos de control y la fiscalización superior, tomando en cuenta que el ejercicio gubernamental, es una disciplina que debe abordarse con profesionalismo, rigurosidad, integridad y con un enfoque interdisciplinario.

La fiscalización se realiza a través de la práctica de auditorías. La auditoría gubernamental, como señala la ISSAI100, es un proceso sistemático, en el que, de manera objetiva, se obtiene y se evalúa la evidencia para determinar si la información o las condiciones reales son acordes con los criterios establecidos, que proporciona información y evaluaciones independientes y objetivas sobre la administración y el desempeño de las políticas, programas u operaciones gubernamentales.

En nuestro país, se aboca, de manera primordial, a la revisión contenida en la Cuenta Pública, la cual incluye conceptos como el gasto, los ingresos, inversiones, fondos, costos, adquisiciones, deuda, subvenciones, fideicomisos, programas o políticas. En otras palabras, se ocupa de verificar desde el control externo los procesos y operaciones relacionadas con la gestión de los entes públicos, no de las personas que los ejecutan.

Dos tipos de auditoría que realiza la ASF son, primero, las auditorías de cumplimiento financiero, las cuales se enfocan en determinar si la recaudación, captación, administración, ejercicio y aplicación de recursos federales se realizan conforme a la normativa y su registro financiero ha sido correcto, en esta categoría encontramos las auditorías de inversiones físicas, las auditorías forenses, las auditorías a los sistemas de control interno y la auditoría a las tecnologías de la información, comunicación y control.

La segunda categoría, son las auditorías de desempeño, las cuales evalúan el grado de cumplimiento de metas y objetivos de los programas gubernamentales y hacen recomendaciones para su mejora. Las de Gasto Federalizado abarcan desempeño y cumplimiento financiero.

En conclusión, las EFS actuamos a favor del interés público y la cultura de la rendición de cuentas, con lo que aportamos al mejoramiento de la gestión gubernamental, la optimización de recursos y la defensa de los intereses de la ciudadanía, para que los recursos sean administrados en su beneficio. Es necesario que la fiscalización superior no se limite a una vertiente punitiva o sancionatoria, debe adoptar, también, una vertiente preventiva y que contribuya a fortalecer la confianza ciudadana en el Estado, como pudimos ver con la visita del contralor general de la Republica de Colombia.