Urge rescatar la credibilidad de los entes autónomos

Si algo debe ser rescatado de forma inmediata en la entidad es la credibilidad de algunos de los llamados organismos autónomos. Explico: El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IaipTlax), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), desde su creación, han vivido en el “ojo del huracán”, pero tampoco han hecho mucho o algo para mejorar su imagen, por el contrario, siguen en el mismo camino o peor.

En los tiempos actuales son indispensables para el buen funcionamiento de los gobiernos y de la sociedad propia.

Sin ellos, el retroceso sería grave; regresaría en todo su esplendor la anarquía, el autoritarismo, el abuso, los excesos y el robo del dinero público a “manos llenas”.

Cierto, aun con sus errores, de una u otra forma han apoyado en la contención de esas prácticas. Pero no es suficiente, el problema es que han sido penetrados por personajes que añoran ese pasado que la gran mayoría de las personas poco o casi nada extraña.

1. El OFS debería garantizar la correcta aplicación del dinero público, pero su trabajo siempre es cuestionado, sobre todo porque, en cuestión de minutos, sus “especialistas” en la materia se “dan el lujo” de modificar las cuentas públicas. De hecho, ese ente siempre ha sido puesto de rodillas por los diputados en turno. ¿O de qué otra forma se entiende que, en los últimos años, más de mil millones de pesos manejados por las autoridades municipales siguen en el limbo?

Tampoco ha entregado dictámenes sobre obras públicas que los gobiernos han creado y olvidado, es decir los “elefantes blancos”. No vamos lejos. En la Plaza Bicentenario, más de 700 millones de pesos se fueron literalmente al cesto de la basura. Las denuncias, en su gran mayoría, se han quedado en lo mediático.

2. En la CEDH también se “cuecen habas”. Desde que fue creada en 1994, la danza de los millones de pesos desaparecidos fue “el pan de todos los días”. Los nuevos directivos intentan, pero no saben cómo recuperar la credibilidad. La titular Jakqueline Ordoñez Brasdefer ha buscado, a toda costa, dar un nuevo giro a la institución en cuanto a su imagen. Será difícil sí, tal vez lo logre.

Solo que en el tema de la pandemia por coronavirus enfrenta una gran disyuntiva. Es decir, ante las indecisiones del gobierno de la República sobre su política de salud, no sabría qué hacer si alguna persona solicita su apoyo (que hasta ahora no se ha dado el caso) porque no la dejan entrar a lugares públicos sin cubrebocas y el certificado completo de vacunación.

Miles de personas decidieron no aceptar el biológico contra Covid19 por cuestiones religiosas, creencias personales y hasta por necedad. Todas ellas estarán en su derecho de recurrir a derechos humanos si se sienten vulnerados.

3.Los pleitos en los que cada vez más se involucran los integrantes del IaipTlax son una gran decepción. Su trabajo es más que mediocre. Sus recomendaciones por opacidad hacia las autoridades son como los “llamados a misa”, cada quien va si quiere escuchar sermones.

A los miembros de ese organismo nadie los respeta y obedece. Muchas autoridades crean y, eso sí, sus planas digitales de transparencia, pero solo para cumplir, están incompletas, no suben datos concretos, menos la nómina o nombres de las personas que contratan. Pero lo más grave es que ahora están sometidos a un proceso de juicio político por omisos a una recomendación de la CEDH. Hágame usted el favor. Luego entonces, ¿en manos de quién estamos?

Los organismos no deben desaparecer, pero los diputados del Congreso local deben ser escrupulosos a la hora de designar a quienes los representan. La gente ya está harta de acuerdos políticos y “pago de facturas”. Al tiempo.