La Marina contrata a armería demandada
La Semar pagó 86 mdp por refacciones para fusiles calibre .50 un mes antes de la denuncia de la 4T
CDMX. Treinta y dos días antes de la demanda presentada por el canciller Marcelo Ebrard en contra de 11 empresas de armas de Estados Unidos, la Secretaría de Marina (Semar) firmó un contrato millonario con la compañía Barrett Firearms Manufacturing, Inc., una de las corporaciones que incluyó el gobierno de la Cuatroté en su denuncia.
El 2 de julio de 2021, la dependencia al mando del almirante José Rafael Ojeda Durán firmó un contrato de adjudicación directa por cuatro millones 19 mil 468 dólares (unos 86 millones 418 mil 562 pesos al tipo de cambio de esa fecha, de 21.5 pesos mexicanos por dólar estadounidense) con la compañía armamentista norteamericana.
La descripción de la compra: “Refacciones marca Barrett para ser empleadas en mantenimiento preventivo y correctivo de los fusiles Barrett calibre .50 CDP para atenciones de los escalones de armamento”.
De acuerdo con la información que publica la Armada de México en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la fuente de financiamiento para la adquisición de este equipo es federal.
La fecha de inicio de la entrega de los servicios contratados fue el 2 de julio de 2021 y el plazo de entrega es hasta el 28 de abril de este año.
Barrett Firearms Manufacturing fue una de las armerías demandadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por promover prácticas comerciales “negligentes e ilícitas, que facilitan el tráfico ilegal de armas a México”.
“Cada año se trafican ilegalmente más de 500 mil armas desde la Unión Americana y, sólo en 2019, fueron responsables de más de 17 mil homicidios dolosos en México”.
Éste fue el argumento central en la demanda que fincó Ebrard Casaubón, en representación del Gobierno mexicano, el pasado 4 de agosto ante una Corte Federal en Boston, Massachusetts.
El secretario de Relaciones Exteriores dijo en aquella ocasión que el propósito del recurso judicial era que las 11 compañías productoras y distribuidoras de armas demandadas “cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan daño en México, que ocasionan muertes en México”.
Recalcó que las “prácticas negligentes” de estas compañías fabricantes de armas “tienen un 70 por ciento de la responsabilidad en la violencia registrada en México”.
FUSILES FAVORITOS DEL NARCO
El fusil Barrett M82 calibre .50 –según informes de la propia Marina, el Ejército y la Secretaría de Seguridad– puede disparar 70 balas por minuto con un alcance máximo de 2.5 kilómetros, tiene una velocidad de salida de 854 metros por segundo, mide un metro y medio, y su peso es de aproximadamente 14 kilogramos.
Especialistas en materia de seguridad han señalado que esta arma es “la favorita” de los principales cárteles de las drogas en México, específicamente del Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El motivo: El fusil Barrett M82 calibre .50 es considerado el más poderoso del mundo. Es capaz de derribar aeronaves. Perfora estructuras blindadas e incluso el cemento y atraviesa con facilidad chalecos antibalas de última generación.
Este tipo de armamento formó parte del desastroso operativo Rápido y Fu
rioso del gobierno de Estados Unidos, que entre 2006 y 2011 –durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa– introdujo a territorio mexicano diversas armas de grueso calibre para detectar a los grupos criminales que las usaban.
Por ese caso, apenas el domingo 9 de enero la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez de distrito órdenes de aprehensión contra Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, preso en un cárcel de Estados Unidos desde 2017.
También contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, también en proceso judicial en la Unión Americana desde 2019, y contra el titular de la Policía Federal (PF), Luis Cárdenas Palomino, detenido en julio de 2021 en México.
La compañía de armas, proveedora de la Semar, fabricó los fusiles con los que, por ejemplo, fue atacado el jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, en junio de 2020, por parte de sicarios del CJNG, en la zona de Lomas de Chapultepec.
También fueron utilizados por integrantes del Cártel de Sinaloa el 17 de octubre de 2019, para orillar al gobierno de López Obrador a liberar a Ovidio Guzmán López, luego de un desastroso operativo de fuerzas federales en Culiacán, tras haber detenido al hijo de El Chapo.