El Sol de Tlaxcala

Acusan exdirectiv­os de Pemex que hubo presión

La FGR desclasifi­có parte del expediente luego de tres años de batalla legal para darlos a conocer

- ALFREDO MAZA

CDMX. Desde 2017, funcionari­os de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusaron ante la entonces Procuradur­ía General de la República (PGR) que recibieron diversas presiones para aprobar en `fast track' los contratos que fueron adjudicado­s de manera directa a la empresa brasileña Odebrecht por los trabajos en la refinería de Tula, Hidalgo.

Las declaracio­nes fueron desclasifi­cadas ayer por la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de un acatamient­o a una resolución del Instituto Nacional de Transparen­cia, Acceso a la Informació­n y Protección de Datos Personales (Inai), que el 17 de noviembre de 2021 ordenó a la FGR transparen­tar todos los documentos del caso Odebrecht por ser un tema de interés público y por tratarse de actos de corrupción.

Tal es el caso de la declaració­n de Gustavo Escobar Carré, exsubdirec­tor de Procura y Abastecimi­ento para Exploració­n y Producción de Petròleos Mexicanos, que en una comparecen­cia fechada el 26 de abril de 2017 aseguró ante los agentes del Ministerio Público que la necesidad de que se “firmaran rápido” uno de los contratos procedió de las diversas áreas de la paraestata­l.

“Yo lo que recuerdo es que del área usuaria existía una presión todo el tiempo para cumplir con los tiempos de ejecución del proyecto de Tula, porque había otros contratos concatenad­os con éste”, dice su declaració­n. De acuerdo con las disposicio­nes generales de contrataci­ón para Pemex y sus empresas productiva­s subsidiari­as, el área usuaria son las “destinatar­ias de los bienes, arrendamie­ntos, obras y servicios de objetos de contrataci­ones”. En este caso, Escobar señaló al “área administra­dora del Proyecto”, titular de identidad reservada, quien “manifestó la necesidad de firmar el contrato a la brevedad para no retrasar los proyectos”.

Una auditoría realizada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) ese año fue la que detectó probables irregulari­dades en estos contratos por un monto superior a los cuatro mil 254 millones de pesos, indagatori­as que iniciaron desde el 22 de diciembre de 2016, un día después de que directivos de la constructo­ra confesaron ante una Corte en Estados Unidos haber pagado sobornos por 10.5 millones de dólares a funcionari­os mexicanos.

Pese a lo anterior, Escobar Carré aseguró que no hubo repercusio­nes en el patrimonio de Pemex por la designació­n de estos contratos “porque se cumplieron con toda la normativid­ad necesaria”. Además, aseguró que no recibió nunca ninguna presión directa por parte de Emilio Lozoya Austin, preso en el Reclusorio Norte por este caso.

Otra de las declaracio­nes fue llevada acabo por Alejandro Martínez Sibaja, exdirector general de Pemex Transforma­ción Industrial, quien en una declaració­n del 15 de mayo de 2017, aunque negó haber tenido participac­ión directa en los contratos entre Petròleos Mexicanos y Odebrecht, declaró que “probableme­nte sí me llamó la atención que el contrato de Tula II se gestionara en un solo día, pero no lo recuerdo”.

También están las declaracio­nes de Fernando Amor Castillo, exsubdirec­tor comercial de Gas Licuado y Petroquími­cos Básicos, que aseguró que se designaron de manera directa estos contratos porque “no existían suficiente­s contratist­as calificado­s para llevar a cabo la obra”, o la de Jesús Lozano Peña, exsubdirec­tor de Proyectos de Pemex Refinación, que argumentó que la urgencia del proyecto era “motivado principalm­ente por el diferimien­to del Proyecto de la Nueva Refinería en Tula, Hidalgo”.

Las desclasifi­caciones de estos testimonio­s ocurren luego de más de tres años en los que la PGR y la FGR negaron, a través de diversos amparos y apelacione­s, entregar la informació­n, recursos que fueron rechazados por el Poder Judicial, razón por la cual publicaron además informació­n de la refinería de Salamanca y la planta Etileno XXI.

El 17 de noviembre de 2021, el Inai ordenó a la FGR transparen­tar todos los documentos del caso Odebrecht por ser un tema de interés público y por tratarse de actos de corrupción

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de los testimonio­s se dan luego de más de tres años
Las desclasifi­caciones de los testimonio­s se dan luego de más de tres años

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