La policía fabrica culpables: CDHM 3

Las autoridades buscaban mostrar resultados rápidos por el ataque perpetrado en el municipio de Jiutepec

CDMX. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) realizó una investigación en torno a la agresión que sufrió el juez federal, Gabriel Domínguez Barrios, y su hijo de 17 años de edad en el municipio de Jiutepec, el 3 de enero, en la que concluyó que autoridades de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) pretendieron fabricar culpables para mostrar resultados rápidos.

“De las constancias es posible deducir que las autoridades del estado de Morelos pretendieron fabricar responsables o culpables del caso del atentado contra el juez, con el objetivo de mostrar resultados, lo anterior frente a la relevancia y presión nacional del caso”, señala un informe al que OEM tuvo acceso.

A las 13:30 horas del lunes 3 de enero, el juez fue atacado a tiros mientras estaba en un establecimiento comercial en compañía de su hijo. Ambos recibieron varios disparos, pero llegaron con vida a un hospital cercano. El ataque fue condenado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Según el documento de la CDHM, tres horas después de la agresión, a las 16:24 horas, la Policía de Morelos detuvo a tres presuntos responsables identificados como Alfonso, Jonathan y Adán N, señalados de “asaltar y lesionar con arma de fuego a un hombre y a un menor de edad”.

La detención se realizó 29 minutos después de que Arturo Zaldívar exigiera a las autoridades una investigación “rápida, seria y profunda”, captura que según la CES se logró gracias a la ayuda del C5.

Sin embargo, casi dos horas después, “los detenidos aún no habían sido presentados ante el Ministerio Público”, según constató una visitadora de la CDHM.

Fue hasta las 21:30 horas cuando se pudo certificar la puesta a disposición de los tres individuos, quienes durante ese periodo no fueron informados sobre los motivos de su detención, además fueron incomunicados y lesionados.

Israel Hernández, presidente de la CDHM, asegura que en el mejor de los casos estas irregularidades pueden alterar el debido proceso, pero “en el peor estas dilaciones en la puesta a disposición generan condiciones para que se someta a las personas a actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, que la mayoría de las veces tiene por objeto obtener confesiones forzadas de delitos”.

Pese a que la CDHM pidió informes de los hechos a diversas autoridades para conocer la trayectoria de los imputados durante el tiempo que estuvieron incomunicados, no fue sino hasta el 7 de enero que la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la puesta a disposición fue a las 18:30 horas, es decir, casi dos horas después de lo que había informado la CES.

PRESUNTOS

responsables fueron detenidos tres horas después de los hechos

Hasta el 17 de enero la Fiscalía informó que la puesta a disposición de los presuntos agresores fue a las 18:30 horas