Consulta plebiscitaria
Abundante pero disperso, desorganizado, temeroso y sin liderazgos, el antilopezobradorismo se reconoce sin capacidad para enfrentar el reto revocatorio y medir sus fuerzas con la aplanadora morenista. Cederá la plaza sin luchar, desperdiciando así la ocasión histórica que la democracia brinda a los discrepantes del actual gobierno
El próximo domingo es 10 de abril, fecha señalada en el calendario electoral para que la ciudadanía acuda a las urnas a manifestarse por la permanencia, o no, de Andrés Manuel López Obrador en el cargo de presidente de la República. Será la primera vez que en México se lleve al cabo una consulta popular de esa naturaleza. En la ley constitucional que dio vida a ese derecho se estableció que, satisfechos los rigurosos requisitos que exige la norma, es posible deponer por medio del voto a cualquier mandatario cuyo desempeño se haya desviado de sus deberes.
Por parecerle un avance democrático significativo, este opinador aplaudió en su oportunidad la incorporación de la disposición a nuestras leyes electorales. La consulta se convertía -o al menos eso parecíaen una herramienta útil al servicio de la sociedad que podría usarse cuando las circunstancias lo demandaran y sólo cuando fuese solicitado por la gente; empero, el tortuoso camino por el que el presidente la ha hecho transitar pervirtió su esencia original hasta convertirla en tan sólo un costosísimo e inútil evento ratificatorio del régimen transformador que encabeza.
CONDICIONAMIENTOS LEGALES PREVIOS A LA CONSULTA
En su campaña ofreció que, de ganar la elección propondría al Congreso de la Unión una reforma constitucional que incluyera un instrumento de participación ciudadana para decidir acerca de la conclusión anticipada del mandato de la persona titular de la Presidencia de la República que hubiese perdido la confianza del pueblo. Ya en el poder, López Obrador presentó la iniciativa respectiva el 19 de marzo del 2019, la cual fue aprobada y publicada con notable expedición el 20 de diciembre de ese año. A su ley reglamentaria, en cambio, le llevó casi dos años de aplazamientos y discusiones alcanzar, el 2 de septiembre del 2021, el visto bueno de las fracciones parlamentarias.
Vale recordar sus principales estipulaciones: la ciudadanía debe presentar su solicitud ante el INE, por una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la terminación del tercer año del mandato. Para dar trámite a la petición, el organismo electoral requiere comprobar que por lo menos el tres porciento de las firmas entregadas como soporte de la solicitud sean válidas y correspondan a personas inscritas en la lista nominal. Además, esas firmas deben corresponder cuando menos a diescisiete entidades federativas y representar al menos el tres porciento de la lista nominal de cada entidad.
CÚMULO DE TRUCULENTOS Y ARTIFICIOSOS CONTRASENTIDOS
Fue en ese punto de la recolección de firmas donde se comenzó a tergiversar el sentido de la consulta. Por más que en efecto existen numerosos sectores de la sociedad inconformes con López Obrador, la ciudadanía no habría podido cumplir con la exigencia sin la colaboración de colectivos con representación en toda la República. Con la oposición no se contó porque, luego de su descalabro electoral del 2018, quedó desmantelada y sin ánimo, valor ni fuerza para unirse a un movimiento anti lo pez obrador is ta. Por su lado, ningún organismo empresarial nacional se atrevió a dar el paso al frente, no obstante sus notorias diferencias con el Ejecutivo. En el colmo de la incongruencia y el absurdo, fue al final Morena, el partido en el poder, el que -a instancias del propio presidenteobtuvo las firmas requeridas. Luego vino el tema del costo de la consulta cuya organización, según la norma, debía incluir tantas casillas electorales como las que se instalan en una elección presidencial -alrededor de 160 mil-, lo que implicaba una erogación de 3 mil 830 millones de pesos, cantidad que la Cámara de Diputados recortó al INE cuando le aprobó su presupuesto anual. Hacienda negó entonces autorizar fondos adicionales extraordinarios y, a su vez, la Suprema Corte ordenó al órgano electoral organizar el ejercicio ateniéndose exclusivamente a sus recursos.
Cortando gastos aquí y allá, el INE arañó como pudo 1 mil 692 millones de pesos que alcanzarán para instalar sólo 57 mil centros de recepción de votos.
ANIMADVERSIÓN PRESIDENCIAL CONTRA UNA INSTITUCIÓN EJEMPLAR
El problema de la insuficiencia de fondos, creado por el propio López Obrador, sirvió para que elevara la intensidad de sus ataques al órgano electoral. Acoto aquí algo que sólo los obcecados no reconocen: al INE se le considera el logro más preciado de la democracia mexicana y, con mucho, el mejor valorado. El presidente, al atacarlo rutinaria e insistentemente, prepara la justificación de la falta de interés ciudadano en una consulta cuyo resultado, para ser vinculante, precisa de un mínimo de 37 millones de votos, equivalentes al 40% de la lista nominal de electores, cifra que, de acuerdo a todos los pronósticos, va a quedar muy lejos de las expectativas oficialistas más optimistas. Mas cualquiera que sea el saldo final de la compulsa, le servirá al presidente para construir una atmósfera social y política adversa al INE y favorable en cambio a su futura propuesta legislativa de crear uno nuevo, a su imagen y semejanza.
LA TAREA IMPUESTA A LOS GOBERNADORES MORENISTAS
Acarrear, acarrear y acarrear. Su misión será llevar gente a las urnas para que las llenen de boletas de apoyo a López Obrador. El porcentaje de votación favorable que alcancen medirá el “afecto político” que les brindará el presidente.
P.D.: La Semana Santa y la de Pascua serán de asueto para el autor de Tiempos de Democracia.