Criterio de impunidad
Una semana después de que se conociera la intervención de elementos de la secretaría de Marina (Semar) en el basurero de Cocula aquel 27 de octubre de 2014, el lugar donde la “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto aseguraba que fueron incinerados los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos un mes antes en Iguala, las versiones sobre el papel oculto de la Armada de México en el caso parecen diluirse ante la politización de las pesquisas.
Existe una versión al interior de la Marina que señala que un grupo de buzos del batallón de infantería adscrito a la Octava Región Naval en Acapulco, realizó una búsqueda en el río San Juan y lo que encontraron lo reunieron en unos costales. De lo que recolectaron nada sirvió para evidencias. En su tercer informe el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), señaló que un video tomado por un dron de la Semar, fue una “actividad irregular no registrada en el basurero de Cocula”, y se realizó durante al menos seis horas previas a que la entonces Procuradurìa General de la República asegurara el sitio.
La grabación la llevó a cabo un dron Arcturus T-20, que utiliza la Unidad de Inteligencia Naval, su objetivo de acuerdo a diversas fuentes al interior de la dependencia fue blindar seguridad perimetral a los elementos que realizaban la inspección y reportar en tiempo real al centro de mando del Estado Mayor de la Armada.
A más de siete años de la desaparición de los normalistas y ante la evidencia aportada por el GIEI de que la “verdad histórica” fue una “simulación” donde las torturas, la fabricación de pruebas y la “construcción de versiones” fueron la norma, el que la Semar haya liberado un video provocó todo tipo de reacciones. La primera fue que la Fiscalía General de la República (FGR) en las diligencias que realizó buscó involucrar al actual secretario de Marina, quien en aquel año era comandante de la región naval de Acapulco.
El nombre de Rafael Ojeda Durán fue mencionado por el almirante en retiro Marco Antonio Ortega Siu, ex comandante de la Infantería de Marina, en su comparencia del 26 de marzo pasado ante la FGR, dos días antes de que se conociera el informe del GIEI. El almirante salió a relucir a pregunta expresa del agente de la Policía Federal Ministerial Eduardo Adrián Guirao, quien cuestionó sobre quién era el encargado de la Marina en el operativo “Guerrero Seguro”. La tercera vez que el agente insistió, le dijo que podría acogerse al “criterio de oportunidad” para hacer señalamientos a mandos superiores. Algo que el almirante Ortega rechazó.
El “criterio de impunidad” como ya se le conoce a este recurso que ha marcado la gestión del cuestionado fiscal general Alejandro Gertz Manero, ha sido una medida que poco ha logrado jurídicamente para concretar pruebas sólidas ante los jueces. Los casos Lozoya y Ancira son referencia. Dirigir hacia allá una pista aún sin aclarar sobre el caso de los 43 de Ayotzinapa, tocó piedra ante la lealtad y disciplina con sus superiores jerárquicos de uno de los oficiales de la Armada, reconocido por sus pares estadounidenses, como el militar mexicano que puso contra la pared a los principales jefes del narco en los últimos años.