Revocación: oportunidad para maximizar ejercicio de derechos ciudadanos

Uno de

los mayores reclamos que he escuchado durante toda la preparación de este ejercicio de Revocación de Mandato, tiene que ver con la cantidad de casillas que fueron instaladas.

Se invirtieron millones de pesos en una campaña de desprestigio contra el INE y en una difusión de la Revocación de Mandato de dudosa legalidad, ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolverá el fondo de todos esos juicios pendientes; más de 180 quejas a nivel nacional, muchas de ellas con medidas cautelares que fueron recurridas por los interesados ante el TEPJF, y fueron confirmadas en su mayoría por ese órgano jurisdiccional que en esta materia tiene la última palabra.

Considero que, si a los cerca de 2 mil millones de pesos que erogó el Instituto Nacional Electoral (INE) en este proceso, sumáramos lo que se gastó en esas campañas de publicidad, el resultado sería mayor a los 3,800 millones de pesos que solicitaba el Instituto para cumplir a cabalidad con su responsabilidad constitucional de poner una casilla, al menos, en cada sección electoral y acercarle a la ciudadanía la posibilidad de ejercer su derecho a ser escuchada de la manera más efectiva y con la voz más fuerte posible: su voto.

No se puede más que respetar la decisión que tomaron las señoras y los señores legisladores cuando le negaron al INE los recursos para este ejercicio, fue una decisión de un órgano del Estado Mexicano, en pleno uso de sus facultades.

Empero, sería deseable que hubiese tenido el trato de un ejercicio que maximiza los derechos de la ciudadanía y, por lo tanto, convenía dotarlo de los recursos suficientes y no como de una competencia anticipada, concurso de popularidad u otra cosa que nos llevara a escatimar el presupuesto.

Se dijo que el INE pidió recursos de más; ante esto, la pregunta obligada es la siguiente: ¿No hay maneras de juzgar al funcionariado que hace mal uso de los recursos públicos?

Cuando el INE solicite recursos que no se requieren para maximizar los derechos de la ciudadanía y por lo tanto se realicen gastos al margen de las leyes, estaría tendiendo una trampa para sí mismo; si se trata de juzgar a algunos, el mejor camino es concederles el presupuesto solicitado, y exigir una efectiva rendición de cuentas, así no habrá necesidad de tratar de convencer a nadie con campañas mediáticas, pues serán los órganos de control y las auditorias que regularmente se le practican al INE los que cumplan con esa función.

Por ahora, el acento lo debemos poner en los hechos, la consulta de revocación de mandato se realizó, acudieron al llamado de las urnas más de 16 millones y medio de personas y eso es lo que debería estar en la conversación pública, pues, aunque no hay antecedente exacto para comparar la jornada del domingo 10 de abril, lo más cercano es el ejercicio de consulta popular celebrado en el mes de agosto de 2021, cuya participación fue superada este domingo en un 150 por ciento.

Eso significa que, aunque la participación no fue uniforme en todas las entidades del país, cada uno de los 300 distritos recibió, en promedio, la participación de 55 mil personas, suficiente para llenar un estadio, y como se trata de un ejercicio de democracia directa, podemos decir que no fueron todos los invitados, pero se llenó la plaza.

Cuando el INE solicite recursos que no se requieren para maximizar los derechos de la ciudadanía y por lo tanto se realicen gastos al margen de las leyes, estaría tendiendo una trampa para sí mismo