El crimen perfecto
La inteligencia criminal suele ir un paso adelante del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. No solo porque aprovecha las fallas estructurales de las instituciones de seguridad civil, y pone en evidencia las carencias del sistema de inteligencia militar, sino porque en este sexenio ha hecho del uso de información privilegiada una arma para generar escenarios de desestabilización en diversas regiones del país.
Cuando los reportes de masacres en Michoacán, Guerrero o Estado de México se alternan para sacudir el escenario informativo ¿cómo explicar las 22 desapariciones forzadas de mujeres en Nuevo León en menos de un mes? ¿O el caso de las tres estudiantes del Cecyt 14 del Politécnico Nacional desaparecidas en menos de 10 días en la ciudad de México?
Parecerían casualidades, cada evento sucedió en una línea de tiempo previo a la presentación del informe del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, dado a conocer el pasado martes 13 de abril en Ginebra. El documento marca un antes y un después para México en la materia, tuvieron que pasar ocho años en que el Comité hizo la solicitud para que el Estado mexicano aceptara la visita. La estancia de cuatro expertos internacionales entre el 15 y 26 de noviembre pasado, se tradujo en la visita a 13 estados de la república, reuniones con decenas de colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil provenientes de 31 entidades. En ese momento el reporte oficial de desapariciones forzadas contabilizaba 95 mil 121 personas, las cuales 112 habrían desaparecido durante la visita del Comité.
Los expertos constataron que el 98 por ciento de los casos han ocurrido entre el año 2006, con el inicio del gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa y el 2021, tercer año de la administración que se asume de “izquierda” encabezada por López Obrador.
Una de las consecuencia de la ruptura de los pactos no escritos entre el crimen organizado y el Estado, según algunos especialistas, fue la pérdida de control de la violencia y el auge de la desaparición forzada, esto sucede con el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico” y el despliegue de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública que abrió la puerta a la militarización de los cuerpos de seguridad.
Cuando contextualizan el fenómeno refiere que en la segunda mitad del siglo pasado las desapariciones tuvieron como rasgo principal que fueron un mecanismo de represión política cometida por agentes del gobierno y fuerzas armadas, donde las víctimas eran en su mayoría grupos sociales de oposición, pero a partir de 2006 la mutación refleja una diversidad de perpetradores, modalidades y víctimas.
La clave del informe es que la desaparición forzada la realizan agentes públicos del ámbito federal, estatal y municipal, es decir, existe un sistema de agentes de gobierno que participan de esta actividad. Además “la delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones, con diversas formas de connivencia y grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”. El que haya solo 36 sentencias judiciales por este delito, se asemeja a un modelo de complicidades criminales, que hacen de la desaparición forzada “el crimen perfecto”.