Olvidan las autoridades a víctimas
El chofer quemado en una explosión, la familia del guardia asesinado y el atropellado por policías de Chiautempan no han recibido el apoyo prometido
Alejandro y Marco Antonio no se conocieron, pero tienen algo en común: ambos fueron víctimas de hechos trágicos la semana pasada y, pese a su dolorosa y repentina muerte, sus familias enfrentan hoy el olvido y la indiferencia de las empresas en las que laboraban.
Una historia similar vive Samuel, el motociclista atropellado en Chiautempan el miércoles 13 de abril y al que autoridades le prometieron todo el apoyo, pero hasta hoy no han recibido la la reparación de daños.
Alejandro Lozada era el conductor de una camioneta del servicio colectivo que el pasado domingo 10 de abril sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 95 % de su cuerpo al explotar en el interior de un taller de hojalatería y pintura de la capital el tanque de gas que la unidad tenía adaptado, situación que lo mantuvo postrado e intubado en una cama de terapia intensiva del Hospital General de Tlaxcala, pero perdió la batalla 10 días después y hoy será sepultado en su natal Tepeyanco.
Marco Antonio Velázquez es el guardia de seguridad que el lunes 11 de abril fue asesinado en la plaza comercial Gran Patio, al hacerle frente a un grupo de ladrones que cometió un robo en un establecimiento de telefonía celular, pero hasta hoy la empresa “Simose S.A. de C.V.” se ha resistido a indemnizar a la familia y, aunque ofreció diez mil pesos para los gastos funerarios, un representante de la firma únicamente le dio cinco mil a la viuda.
Samuel Cervantes es mecánico y el miércoles 13 de abril fue atropellado por una patrulla de Chiautempan al viajar a bordo de su motoneta sobre la calle Vicente Guerrero de Guadalupe Ixcotla y, hasta hoy, no ha recibido pago alguno.
De todos estos hechos, autoridades estatales tomaron conocimiento, pero la Procuraduría General de Justicia del Estado, que encabeza Ernestina Carro Roldán, continúa con las investigaciones y, en el caso específico del homicidio doloso del guardia de seguridad, no hay detenidos.
FAMILIA DE VÍCTIMAS PIDEN APOYO
Sandra Lozada, hija del chofer de la colectiva 003, lamentó que la entidad tlaxcalteca no cuente con un hospital especializado para atender casos de personas quemadas.
Aunado a ello, dijo que a pesar de pedirles a las autoridades de la Secretaría de Salud su intervención para que su padre fuera trasladado a un hospital especializado en la Ciudad de México o en Estados Unidos de América, no lo lograron y el Hospital General de Tlaxcala carece de los medicamentos para este tipo de accidentes.
De paso, culpó al propietario de la colectiva de ser indiferente ante la tragedia que vive su familia, pues su padre fue su chofer por más de 22 años y no ha dado ningún apoyo económico, pese a que él fue quien mandó a Francisco Lozada a reparar la colectiva.
“El señor Francisco, al que conocen como ‘Coyote’, ha estado más preocupado en reclamar su camioneta siniestrada en el taller de la colonia Loma Bonita que en preguntar por el estado de salud de mi papá cuando estuvo en el hospital”.
Asimismo, lamentó que el presidente de la empresa USU, José Martínez Lozano, tampoco apoyara al chofer, aun cuando todos los días la empresa recibía dinero en efectivo por el pago de su tarjeta y descuentos de un supuesto seguro.
En tanto, la familia de Marco Antonio Velázquez, el guardia asesinado en Gran Patio, se mantiene en espera de que la empresa de seguridad privada “Simose”, la cual no cuenta con registro estatal y su permiso federal para operar feneció en marzo pasado, se niega a cumplir con la indemnización, con el argumento de que el caso será legalmente revisado.
Y es que al ser el primer día de trabajo de su elemento, al parecer no había firmado su contrato, pese a que ya había entregado sus documentos y ya portaba el uniforme oficial de la firma con razón social en la Ciudad de México.
En el tercer caso, Samuel Cervantes, de 31 años de edad, dijo a El Sol de Tlaxcala que el gobierno de Chiautempan se ha negado a pagar el costo total de su motocicleta dañada, equivalente a 30 mil pesos y únicamente cubrió las curaciones en un hospital particular.
Aunado a ello, elementos de seguridad pública le han dicho que él fue el responsable del percance porque supuestamente ellos iban a atender un emergencia, aunque Samuel afirma que viajaba despacio y que nunca escuchó el sonido de las torretas.