María Isabel Grissel Barroso
El sexenio de Enrique Peña Nieto despierta nuevas líneas de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR), que lleva Alejandro Gertz Manero, más allá del sonado caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin.
El equipo al mando de Alfredo Higuera Bernal en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) da seguimiento a presuntos delitos cometidos con recursos públicos por parte de
María Isabel Grissel Barroso, exsecretaria privada del priista tanto en el gobierno del Estado de México como en la Presidencia de la República.
Las filtraciones indican que las pesquisas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Pablo Gómez, detectaron que en su labor como funcionaria gestionó y obtuvo beneficios para ella, su esposo Luis Alfonso Rodríguez, su hijo Maximiliano, así como para sus hermanos Raúl y Rubén.
Todo indica que el brazo de la SHCP, de Rogelio Ramírez de la O, y la Secretaría de la Función Pública (SFP), de
Roberto Salcedo Aquino, encontraron información referente a acciones que podrían derivar en defraudación a la hacienda pública, delito castigado por el Código Penal Federal.
De acuerdo con los datos contenidos en las indagaciones, Barroso Aguirre logró que su esposo se quedara con jugosas contrataciones sin concurso de por medio, es decir, mediante adjudicaciones directas.
La descripción de los hechos indica que Rodríguez figura como socio de empresas a las que se favoreció, aunado a que fue observado constantemente como asistente de la exprimera dama, Angélica
Rivera, en reuniones y eventos.
Las líneas de investigación también pusieron foco sobre cargos públicos para miembros de su primer círculo. Por ejemplo, su hijo Maximiliano Rodríguez Barroso se colocó en el Consejo de Promoción Turística; mientras que su hermano, Raúl Barroso Aguirre, se desempeñó como Director General Adjunto de Planeación y Administración en INCA Rural A.C. de la Sagarpa.
Pero no fueron los únicos puestos de primer nivel para sus familiares, ya que Rubén Barroso Aguirre fue designado como delegado de Capufe en Puebla, nombramiento que despertó críticas en medios locales precisamente debido al lazo consanguíneo, sin olvidar que su posición implicaría dar seguimiento a la modernización de la autopista México-Puebla, proyecto que recibió en total 10 mil millones de pesos, de los cuales cuatro mil 500 millones provinieron de las arcas públicas.
Ante ello, las versiones apuntan a que el expediente fue radicado en la Unidad Especializada de la SEIDO.
Las filtraciones indican que las pesquisas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Pablo Gómez, detectaron que en su labor como funcionaria gestionó y obtuvo beneficios para ella, su esposo Luis Alfonso Rodríguez, su hijo Maximiliano Rodríguez Barroso, así como para sus hermanos Raúl y Rubén Barroso Aguirre