Scherer denuncia penalmente a Gertz
Lo acusa de presunto tráfico de influencias, coalición de servidores públicos y asociación delictuosa
CDMX. Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, presentó una denuncia penal en contra de Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), por el presunto delito de tráfico de influencias.
De acuerdo con el acuse de la denuncia, al que Organización Editorial Mexicana tuvo acceso, la querella fue presentada el 22 de abril ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la propia FGR, en la que también se denunciaron los presuntos delitos de coalición de servidores públicos, asociación delictuosa y lo que resulte.
En la denuncia se incluye como coimputado a Juan Ramos López, subprocurador de Control Competencial de la Fiscalía, y a otros tres servidores públicos, quienes según Scherer “utilizaron su poder y sus cargos para convertir a la Fiscalía General de la República en un aparato público que únicamente ha funcionado y funciona para ejecutar las venganzas personales de su titular”.
“Hoy los ‘enemigos’ del titular de la Fiscalía General de la República son el único blanco de justicia, su justicia. Prueba de ello son las diversas investigaciones (fabricaciones), persecuciones y pesquisas que ha iniciado en contra de su familia política, de científicos, de personajes relacionados a la UDLAP, de mujeres, empresas empresarios y otras personas que son ajenas a su visión o a sus intereses”, acusa Scherer.
La relación entre ambos funcionarios adquirió mayor relevancia el mes pasado, cuando se filtraron los audios de una llamada entre Gertz y Ramos en la que se evidenciaba la presunta intervención del segundo para litigar asuntos personales del fiscal ante la Suprema Corte.
En específico, se habló sobre los amparos interpuestos por Laura Morán y Alejandra Cuevas, familia política del fiscal que eran acusadas por el presunto homicidio del hermano del fiscal, pero que finalmente fueron exoneradas por el Máximo Tribunal.
Sobre este caso hace unas semanas el exconsejero presidencial publicó en el semanario Proceso una carta en la que aseguró haber sido víctima de “hostigamiento y persecución” por parte del fiscal y la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que desembocó en al menos dos investigaciones penales en su contra.