Un hilo en Morelos
Desde principios de enero de este año cuando Alicia Vázquez Luna tomó posesión como secretaria de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, los comerciantes y empresarios de la capital morelense resintieron aumentos de extorsiones y amenazas como pocas veces había ocurrido al iniciar una nueva administración en la presidencia municipal.
Ahora no solo es la delincuencia organizada la que exige “derecho de piso” por permitirles operar, también se sumaron la dirección de Protección Civil y la dirección de Tránsito Municipal. Reportes en la prensa local, denuncias ciudadanas en páginas web y redes sociales, han recogido acusaciones contra la funcionaria cuyo expediente podría ser botón de muestra de cómo operan las relaciones transexenales entre funcionarios públicos y las redes delincuenciales asentadas en la entidad.
Protección Civil y Tránsito municipal “recogen” en promedio cada mes alrededor de 200 mil pesos producto de “multas” de agentes de vialidad, que la ciudadanía acusa es como disfrazan las extorsiones a automovilistas. Ponen de ejemplo que un agente comisionado en algún semáforo de una vialidad importante, tiene la obligación de “imponer” cinco infracciones diarias para entregar 500 pesos; los “potros” como llaman a los policías en motocicleta su cuota son ocho infracciones, equivalentes a mil pesos; patrulleros ocho infracciones para reunir mil 200 pesos diarios. Al mes producto de esta cadena de “infracciones” sumarían alrededor de 100 mil pesos. En Protección Civil cada “visto bueno” a empresarios y dueños de bares son “cuotas” que suman 120 mil pesos mensuales. En “operativos fantasma” llegan a exigir 30 mil pesos a dueños de antros por evitar clausuras.
Las denuncias contra Vázquez Luna podrían quedar como parte de las corruptelas municipales, pero su nombre fue uno de los que salió a relucir tras la captura de Francisco Javier Rodríguez Hernández, ocurrida el último fin de semana de abril en una zona residencial de Mazatlán, Sinaloa. Este individuo apodado Frank, XL o Señoron, está considerado por las autoridades líder de una facción criminal con la que sospechan la funcionaria tiene nexos desde que era secretaria de Seguridad Pública estatal en la administración de Graco Ramírez.
Informes de inteligencia de la 24 zona militar, en Cuernavaca, señalan que Vázquez Luna fue cesada no solo por una fuga de reos ocurrida en enero de 2014, sino porque su nombre aparecía en la red detrás del atentado contra el fiscal del estado Rodrigo Dorantes Salgado, ocurrido en febrero del 2013, donde murieron tres escoltas.
El ataque fue perpetrado por agentes de la Policía Acreditable de la secretaría de Seguridad Pública del estado, que encabezaba Vázquez Luna, aduciendo que les marcaron el alto a los escoltas y no hicieron caso. Esa noche el funcionario iba a su casa, y no hubo algún retén en el camino, fueron atacados a tiros y se suscitó un enfrentamiento. Hubo llamadas de auxilio a todas las corporaciones pero quienes acudían eran desviados por los mismos policías que cerraron el paso mientras un comando cazaba al fiscal. Quienes rompieron el cerco de la policía estatal fueron el Ejército y la Policía Federal. Así salvó la vida el fiscal junto a dos de sus ayudantes.