La FGR pide otra vez procesar a abogados
Collado y su defensor estuvieron presentes ante el juez por videollamada
CDMX. Por segunda ocasión la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal en contra tres abogados y un operador financiero relacionados con Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, a quienes señala por supuestamente extorsionar al abogado Juan Collado bajo la supervisión del exfuncionario.
Se trata de los litigantes Juan Antonio Araujo Riva Palacio, César Omar González Hernández, Issac Pérez Rodríguez y el asesor David Gómez Arnau, contra quienes la Fiscalía pidió por segunda ocasión vincularlos a proceso por los presuntos delitos de asociación delictuosa, tráfico de influencias, extorsión y operaciones con recursos de procedencia ilícita, esta vez ante un juez del Reclusorio Sur.
Según el Consejo de la Judicatura Federal, los cuatro abogados, quienes se reservaron su derecho a declarar, se presentaron físicamente junto con sus defensores ante el juez, mientras que Collado y su abogado comparecieron mediante videoconferencia desde el Reclusorio Norte. Al cierre de esta edición la audiencia seguía su curso sin que la Fiscalía solicitara pri
YA ANTERIORMENTE sión preventiva contra los abogados.
Al inicio de la audiencia, la Fiscalía trató de interponer un incidente dentro de la causa debido a que informó que investiga a algunos defensores de los abogados, mismos que calificaron a esta acción como una “intimidación” por parte de la dependencia que encabeza el fiscal general
Alejandro Gertz Manero. Sin embargo, el juez desechó este recurso por notoriamente improcedente.
La Fiscalía solicitó la vinculación a proceso de los abogados por presuntamente obligar a Collado a vender Caja Libertad a Banco Afirme a cambio de conseguir un criterio de oportunidad que le permitiría abandonar la cárcel. Ya anteriormente la FGR buscó imputar a los abogados con un juez del Reclusorio Norte, pero debido a que las audiencias se difirieron y que los litigantes hicieron diversas impugnaciones porque argumentaron que no tuvieron acceso a los documentos de la carpeta de investigación en su contra, es que la causa no prosperó.
Oportunidades perdidas
Hay consenso en que la tragedia que vive el país por las más de 100 mil personas reportadas como desaparecidas, inició con el despliegue militar en labores de seguridad pública. ¿Cómo explicar que el 83.7 por ciento de esa cifra comenzó a partir del año 2006 con el inicio del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa cuando el Ejército encabezó la llamada “guerra contra el narco”?
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, con Salvador Cienfuegos Zepeda como secretario de la Defensa Nacional, varias fuentes militares comenzaron a develar el rol que jugó en el sexenio calderonista el general Mario Arturo Acosta Chaparro Escápite, quien sin tener nombramiento oficial tras su exoneración por cargos de narcotráfico, fue rehabilitado como “correo” o “interlocutor” del gobierno panista con los jefes del narco.
Cierta ocasión, Acosta Chaparro pactó una reunión con la cúpula del grupo paramilitar autodenominado “Zetas”, en algún lugar del noreste del país, para negociar un alto al fuego en sus disputas criminales con otras organizaciones. Cuando se presentó en el lugar acordado, todos los integrantes de la banda se incorporaron de sus lugares y en posición de firmes exclamaron: —A sus órdenes, mi general—
No era sólo una forma de mostrarle respeto, sino recordarle que los miembros fundadores de la organización todos eran militares, la mayoría desertores, y como él tenían en su haber cursos de fuerzas especiales. El día que Acosta Chaparro fue asesinado en abril del 2012, se perdió la oportunidad no sólo de aclarar parte de la historia de las desapariciones forzadas sucedidas entre 1968 y 1982, los años de la “Guerra Sucia” como se conoció a la política de exterminio de la era del presidencialismo autoritario, donde fue actor central, sino de indagar cómo las organizaciones criminales como los “Zetas” generalizaron esta práctica. Años antes, en noviembre de 2006, cuando murió de cáncer el general Francisco Quirós Hermosillo, otrora comandante de la Policía Militar en los años de combate a la guerrilla en Guerrero, y tiempo después en enero del 2012 cuando falleció Miguel Nazar Haro, extitular de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), el Estado mexicano perdió la oportunidad de ir a fondo contra dos de los compañeros de Acosta Chaparro que hicieron de las desapariciones forzadas una práctica común del cuerpo paramilitar clandestino formado por militares y policías conocido como “Brigada Blanca”.
Acosta Chaparro, Quirós Hermosillo y Nazar Haro fueron llamados “la triada del terror”, por quienes entonces investigaban el paradero de cientos de personas desaparecidas como luchadores sociales, militantes de grupos armados clandestinos y líderes comunitarios. Al desaparecer la DFS en 1985, las prácticas de tortura ya estaban arraigadas en grupos criminales vinculados al tráfico de drogas, con quienes se asociaron algunos mandos de esta corporación. A finales de los años 90, cuando se dio la primera gran purga en la Policía Judicial Federal, vino la primera camada de militares en labores contra el narco. Tamaulipas sería su laboratorio, en esa entidad se reinventarían como “Zetas”, y al paso del tiempo el estado sería el segundo del país con el mayor número de desapariciones forzadas, solo detrás de Jalisco.
la FGR buscó imputar a los abogados con un juez del Reclusorio Norte